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A menos de seis semanas del vencimiento del contrato con Thomas Greg & Sons, la Procuraduría advierte falta de preparación institucional.
La Procuraduría General de la Nación emitió este martes una alerta sobre el riesgo de desabastecimiento de pasaportes en Colombia, luego de que el Gobierno Nacional oficializara la firma de un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional para asumir la producción de estos documentos a partir del 1 de septiembre de 2025. Según el Ministerio Público, “no se conocen los estudios previos técnicos de dicho convenio, así como tampoco los demás documentos precontractuales, tal y como lo dicta la ley de contratación estatal”.
La advertencia se produce en medio de una transición institucional que busca reemplazar al actual contratista, Thomas Greg & Sons, cuyo contrato vence el 31 de agosto. La Procuraduría señaló que “restan menos de doscientas noventa mil (290.000) libretas por entregar en el marco del contrato actual”, lo que genera un “alto riesgo de desabastecimiento” si no se define con claridad quién asumirá el servicio desde septiembre.
En visitas realizadas a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, el órgano de control detectó graves falencias operativas. En una inspección del 7 de julio, se concluyó que la Imprenta Nacional solo cuenta con el 10% de la infraestructura necesaria para asumir el proceso completo de expedición de pasaportes. Además, se requerirían al menos 250 personas adicionales y una transferencia tecnológica de siete meses por parte del Gobierno de Portugal.
Fuente oficial Procuraduría General de la Nación
La Cancillería, en respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Angélica Lozano, reconoció que “no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes”. En el mismo documento, fechado el 7 de julio, se advierte que “los tiempos que requiere la Imprenta Nacional Casa de Moneda para iniciar la operación podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el convenio interadministrativo”.
El convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional establece que el nuevo modelo de pasaportes solo comenzaría a operar en abril de 2026, lo que ha generado inquietudes sobre el periodo intermedio. Aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente una nueva prórroga, todo indica que se requerirá una extensión del contrato con Thomas Greg & Sons para evitar una interrupción del servicio.
La Procuraduría también cuestionó el acto administrativo por el cual se suscribió el convenio, señalando que fue firmado por la secretaria general en encargo y no por la ministra de Relaciones Exteriores. Además, recordó que la Imprenta Nacional enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de cédulas de extranjería, lo que agrava las dudas sobre su idoneidad para asumir la producción de pasaportes.
En este contexto, el Ministerio Público reafirmó que continuará con la vigilancia sobre el proceso y tomará las acciones correspondientes “para que se garantice la prestación del servicio, la adecuada administración de los recursos públicos y la transparencia del proceso de contratación”. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta una creciente incertidumbre sobre la continuidad de un documento esencial para la movilidad internacional.
JUAN JOYA
