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Este 20 de julio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso clave hacia su política de paz total con la radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que establece un marco jurídico para el desarme, la desmovilización y la reintegración de grupos armados ilegales. La iniciativa, presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, propone reducción de penas para jóvenes judicializados por protestas sociales y mecanismos de sometimiento con beneficios penales para estructuras criminales.
El proyecto de paz total propone reducciones de hasta el 70% de las penas
Uno de los puntos más destacados del articulado es la inclusión de beneficios jurídicos para jóvenes que fueron procesados durante las protestas sociales. Según el texto, estas personas podrían acceder a reducciones de pena de hasta el 70%, siempre que cumplan con actos de reparación temprana y colaboración con la justicia.
Penas alternativas y rebajas para grupos armados
La paz total también contempla penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión para quienes decidan someterse a la justicia. De igual manera, se establecen descuentos punitivos entre el 40% y el 60% para los integrantes de estructuras criminales que entreguen información relevante, colaboren activamente y contribuyan a la desarticulación de sus organizaciones.
El proyecto introduce un nuevo enfoque para el tratamiento judicial: mientras que grupos con estatus político, como el ELN y las disidencias de las FARC, podrán acogerse a procesos de negociación política; las bandas criminales como el Clan del Golfo enfrentarán un régimen de sometimiento a la justicia con rebajas condicionadas a la entrega de armas y a su desmovilización efectiva.
Enfoque diferenciado para máximos responsables
El articulado, que consta de 42 páginas, pone el foco en investigar judicialmente a los máximos responsables, similar al esquema de la JEP, pero a través de imputaciones colectivas y bajo la supervisión de jueces ordinarios especializados. Según el proyecto, los cabecillas podrán solicitar la libertad preparatoria tras cumplir 5 años de condena efectiva, siempre que hayan contribuido sustancialmente a la verdad y la reparación.
Participación de las víctimas como actores clave
Las víctimas serán reconocidas como intervinientes especiales en todos los procedimientos, garantizando su participación bajo estándares nacionales e internacionales, con pleno acceso a garantías procesales y recursos judiciales efectivos.
Además, se permite la postulación de miembros de organizaciones criminales que hayan estado activos desde 1990 hasta la fecha, incluso de aquellos que fueron excluidos de Justicia y Paz o la JEP, siempre y cuando manifiesten su voluntad de someterse en los primeros seis meses tras la entrada en vigor de la ley.
Un modelo entre la JEP y Justicia y Paz
El ministro Eduardo Montealegre explicó que el proyecto busca ser una “tercera vía” entre Justicia y Paz y la JEP, brindando al Estado nuevas herramientas para reducir la violencia sin caer en la impunidad. “No se trata de premiar delincuentes, sino de poner fin a la violencia, proteger comunidades y fortalecer la justicia”, enfatizó.
Entre los beneficios contemplados está el derecho a conservar hasta un 12% del patrimonio entregado, bajo autorización judicial, y la aplicación de principios de oportunidad para delitos menores derivados de protestas.
Sometimiento condicionado y control judicial
En el caso de quienes incumplan su compromiso de desmovilización, las penas oscilarán entre 8 y 10 años de prisión. El descuento por colaboración oscilará entre el 40% y el 60%, tras una modificación introducida por el Consejo Superior de Política Criminal, que aprobó el proyecto antes de su radicación.
Con este proyecto de ley, el Gobierno busca dar forma legal a su promesa de paz total, articulando justicia restaurativa, protección de las víctimas y desarme de grupos criminales, todo bajo la supervisión judicial y la participación activa de las comunidades afectadas.
Humberto ‘Toto’ Torres
