El Concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Germán García, manifestó que la cuarentena estricta por localidades es sumamente necesaria por los altos números de contagios que hay en la ciudad.
Recordemos que a partir de este viernes las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos, se sumaron a la cuarentena estricta por zonas decretada por la alcaldesa Claudia López, dejando así a media ciudad en aislamiento preventivo.
“La situación que se está presentando a nivel de salud, amerita que Bogotá tome estas medidas. Además, el nivel de contagio en la ciudad está disparado, por eso debemos cuidarnos y tomar las medidas necesarias para bajar la curva de contagio por Covid-19”, precisó García.
De otro lado indicó que es grave que la administración distrital no haya podido instalar un solo ventilador de su presupuesto. “Se están quedando solo en el discurso y en la crítica al Gobierno Nacional”, comentó.
Por otra parte, explicó que fue sancionado el acuerdo 770 del Partido Liberal. La iniciativa busca que por primera vez se genere una política pública para el trato a la población privada de la libertad y más en tiempos de pandemia.
“El Distrito debe tener una articulación de todos los sectores y secretarías para la atención de estas personas por un deber legal que tenemos” explicó el cabildante.
Asimismo, aseguró que es grave la situación por la que están atravesando los reclusos en estos momentos por cuenta del Covid-19, ya que ha conocido del aumento de los contagios en los centros penitenciarios sin una atención oportuna, sumándose a la vulneración sistemática de sus derechos.
“El Distrito históricamente ha tenido una deuda con estas personas, porque siempre se escudan en el argumento que la responsabilidad es del gobierno nacional y del INPEC y eso no es tan así, porque el Distrito también tiene un deber con esas personas”.
Así las cosas, de ahora en adelante, las entidades, instituciones o dependencias del Distrito Capital deberán llevar oferta de programas sociales y definir los mecanismos de prestación de los servicios misionales en todos los establecimientos carcelarios, en aras de lograr los fines y cometidos constitucionales, precisó Abisambra.