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Con escasa difusión y en medio de críticas por la premura del trámite, el Concejo de Soacha aprobó en primer debate en la Comisión Tercera el proyecto de acuerdo 027 de 2025, que propone la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM) para entregar el 49% del manejo del alumbrado público a una empresa privada.
Desde el Congreso de la República, la representante a la Cámara Alexandra Vásquez lanzó fuertes advertencias sobre esta iniciativa, indicando que el modelo propuesto otorga amplias ventajas al socio privado, sin garantizar salvaguardas claras para los intereses del municipio.
Según Vásquez, el acuerdo carece de información precisa sobre los aportes económicos del privado, específicamente los $49.000 millones que este debería invertir. La falta de un balance patrimonial proyectado, así como la ausencia de mecanismos, plazos y garantías para el desembolso, representan según ella un riesgo financiero grave para el municipio.
La congresista también citó antecedentes preocupantes en otras ciudades. En Popayán, el proyecto ‘Ciudad Moderna’ fracasó cuando el privado incumplió su compromiso de inversión y terminó controlando la junta directiva. En Socorro (Santander), la Procuraduría encontró posibles irregularidades contractuales y vínculos con el cuestionado empresario ‘Turco Hilsaca’, por lo que ordenó suspender la licitación.
Vásquez también cuestionó el poder excesivo que el proyecto otorga al alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’. En virtud del Parágrafo III del acuerdo, el mandatario podría liderar el proceso de selección del socio privado y establecer unilateralmente los requisitos y criterios para la elección, lo que según la representante podría facilitar un direccionamiento del proceso a favor de un único proponente.
Otro de los puntos críticos es la falta de claridad sobre cuánto del impuesto de alumbrado público terminaría como ganancia para el socio privado. Vásquez advirtió que, aunque se mencionan topes de gastos establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se presentan cifras concretas ni proyecciones financieras.
“Esto podría comprometer durante décadas los recursos públicos para pagar dividendos, como ocurrió en Barranquilla, donde se garantizó entre el 15% y el 20% del recaudo anual al privado por 30 años, sin claridad sobre la reinversión en luminarias o mejoras reales en los barrios”, agregó.
En cuanto al estudio técnico que respalda la creación de la SEM, Vásquez lo calificó como financieramente deficiente. Asegura que no incluye un flujo de caja detallado ni contempla escenarios realistas de recaudo, ignorando variables como la cartera morosa o el comportamiento de pago en sectores vulnerables.
La representante también calificó como contradictorio que, a pesar de que la propia consultoría encargada reconoce que el modelo de Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) presenta menores riesgos operativos y contractuales, recomiende la creación de una SEM, que según ella tiene mayores riesgos en términos de control y cumplimiento.
“Esta contradicción es aún más preocupante si se consideran los antecedentes de investigaciones por parte de la Contraloría y beneficios irregulares para empresarios como el ‘Turco Hilsaca’”, afirmó.
Finalmente, Vásquez criticó la falta de participación ciudadana en la discusión del proyecto. Denunció que la audiencia clave se citó un domingo a las 3:00 p. m., “cuando la mayoría de ciudadanos está en actividades familiares o fuera de casa”, y que se negó la solicitud de una audiencia pública amplia.
Además: “Las socializaciones se hicieron en días consecutivos, con mínima difusión y sin espacio para un debate técnico. Se está comprometiendo el futuro del municipio por décadas, sin claridad sobre los aportes privados, las garantías de cumplimiento ni el verdadero impacto económico y social del modelo”, concluyó.
Paola Martínez Burgos
