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27 junio, 2025Un caso adquirió notoriedad por el uso de redes sociales como medio para atraer a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes con tendencias suicidas.
El gobierno de Japón ejecutó este miércoles 26 de junio a Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años conocido por los medios como el “asesino de Twitter”, quien fue condenado por el asesinato y desmembramiento de nueve personas en 2017. La ejecución se realizó en la prisión de Tokio mediante el método de la horca, de acuerdo con la información confirmada por el Ministerio de Justicia del país. Esta medida se llevó a cabo siete años después de su arresto y posterior condena, en un caso que generó gran atención internacional por la crueldad de los crímenes y el uso de redes sociales para atraer a sus víctimas.
Shiraishi fue detenido en octubre de 2017, después de que las autoridades encontraran en su apartamento en Zama, al suroeste de Tokio, restos humanos almacenados en cajas térmicas. La investigación reveló que el hombre utilizaba su cuenta de Twitter para contactar a personas con pensamientos suicidas, la mayoría mujeres jóvenes, a quienes ofrecía supuestamente “morir juntos”. “Les decía que podían confiar en él, que no estarían solas”, señaló la policía durante el juicio. Sin embargo, una vez ganada su confianza, las drogaba o estrangulaba para luego desmembrarlas.
Durante el proceso judicial, Shiraishi se declaró culpable y no mostró señales de arrepentimiento. “Era consciente de que lo que hacía era ilegal y que sería condenado”, dijo en una de las audiencias. En diciembre de 2020, el tribunal de distrito de Tokio lo condenó a muerte, señalando que había actuado con premeditación y por motivaciones personales, como el deseo de ejercer control y obtener satisfacción sexual. La defensa había intentado argumentar que padecía de trastornos mentales, pero estos alegatos fueron desestimados tras exámenes médicos.
El caso suscitó un amplio debate en Japón sobre el uso de redes sociales, el tratamiento del suicidio juvenil y la aplicación de la pena de muerte. En respuesta, el gobierno de ese país impulsó nuevas regulaciones en plataformas digitales, exigiendo mayor control de contenidos y verificación de identidad para prevenir abusos similares. La ejecución de Shiraishi también ha reavivado la discusión sobre la vigencia de la pena capital en el país, que aún conserva esta práctica en su sistema judicial.
Desde su condena, Shiraishi permaneció recluido en régimen de alta seguridad. Según medios japoneses, fue notificado de su ejecución apenas unas horas antes, en conformidad con el procedimiento habitual en Japón. La familia de algunas de las víctimas expresó su alivio por el cierre del caso, aunque también señalaron que “nada devolverá a nuestros seres queridos”, como dijo uno de los familiares citado por The Japan Times. Otros han manifestado inquietud por la falta de atención al sufrimiento mental de las víctimas antes de su contacto con el agresor.
Japón es uno de los pocos países industrializados que mantiene la pena de muerte y suele aplicarla en casos de asesinatos múltiples. Desde 2018, se han registrado varias ejecuciones, incluida la de miembros del culto Aum Shinrikyo por el ataque con gas sarín en Tokio en 1995. Según cifras oficiales, al menos un centenar de personas permanecen en el corredor de la muerte en el país, mientras el debate social y político en torno a esta práctica continúa abierto.
Juan Joya




