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La Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (Sinsergen), radicó ante el Consejo de Estado una Acción de pérdida de investidura en contra del senador, Miguel Uribe Turbay, argumentando que habría usado su cargo para obtener ventajas políticas y favorecer su aspiración electoral.
Ante esta demanda, el Centro Democrático —partido del que hace parte el también candidato presidencial— rechazó el hecho por medio de un comunicado escrito, calificándolo como “infame y oportunista”, ya que Uribe Turbay sigue luchando por su vida tras el atentado que recibió el pasado 7 de junio en Bogotá. “Resulta inaceptable que, mientras lucha por su vida tras un intento de magnicidio, sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa”, se lee en la misiva.
En ese sentido, agregaron que el argumento de los demandantes es “absurdo” y “profundamente indignante”, ya que con lo alegado aseguran que “el senador estaba haciendo proselitismo político el día del atentado, como si eso justificara el ataque o lo hiciera responsable de lo ocurrido”. El grupo político señaló que con esto no se de una instrumentalización “burda de la justicia para legitimar un acto de violencia política”, sino también “un intento cruel de revictimizar a un hombre valiente, insinuando de forma cobarde que merecía el atentado que casi le cuesta la vida”.
Para concluir, añadieron que los sindicatos están aprovechando este momento, donde el senador no se puede defender, “para destruirlo, no solo físicamente, sino también moral y políticamente, silenciando su voz y la de millones de colombianos que representa con firmeza”.
¿Qué dice la demanda?
De acuerdo con el documento, la demanda se fundamenta en varios hechos que, según ellos, son jurídicamente relevantes:
1. Elección como senador:
Miguel Uribe Turbay fue elegido Senador de la República para el periodo 2022–2026, asumiendo la calidad de servidor público.
2. Actividades proselitistas anticipadas:
El 7 de junio de 2025, en ejercicio activo de su cargo, realizó actos de precampaña política, pese a que aún no había iniciado el periodo oficial de campaña según el calendario electoral.
3. Detalles de las actividades:
Participó en reuniones, ofreció discursos públicos y publicó en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular diferente al que ocupa.
4. Pruebas del uso indebido de su investidura:
Las evidencias (fotografías, videos y testimonios juramentados) demuestran que utilizó su posición institucional como senador para obtener ventajas políticas indebidas.
5. Riesgos personales durante el acto:
Durante una de estas actividades fue víctima de un ataque con arma, perpetrado por un menor de edad, lo cual puso en riesgo su vida, aunque esto no lo exime de responsabilidad.
6. Implicaciones legales:
Su conducta podría dar lugar a la pérdida de investidura, según el artículo 183, numeral 1° de la Constitución, por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, afectando los principios de imparcialidad, moralidad e igualdad en la competencia electoral.
Para concluir, reiteraron que en el artículo 180 se “prohíbe expresamente a los congresistas intervenir en gestiones o actividades ante entidades públicas, o realizar actos que comprometan su imparcialidad. El uso de la investidura para actos de proselitismo es una forma de intervención directa en la contienda electoral desde el poder”.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
