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El Ministerio de Justicia anunció que evalúa presentar una denuncia penal por prevaricato contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, por abstenerse de cumplir el decreto presidencial que convoca al pueblo colombiano a una consulta popular.
La decisión fue dada a conocer por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien informó que la evaluación responde a instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, dadas durante la sesión del Consejo de Ministros de este martes. “Está en una situación de sedición contra el Presidente de la República”, afirmó el jefe de Estado, solicitando “acciones jurídicas” contra Penagos.
El registrador, por su parte, indicó que antes de ejecutar la orden presidencial, elevó una consulta formal a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y notificó su actuación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y a la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, pidió a las altas cortes un pronunciamiento “ágil y oportuno” respecto a las demandas interpuestas sobre el decreto.
Montealegre fue enfático en que la negativa de Penagos configura una posible falta penal. “El ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato, porque él, de hecho, en una situación fáctica, en una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial y eso es nada más ni nada menos que un delito”, sostuvo.
El ministro también cuestionó las motivaciones del registrador: “El registrador tiene una agenda política, no está actuando jurídicamente, se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano”, y añadió que esta conducta representa “un desafío a la institucionalidad” y se ubica en la línea de un eventual prevaricato.
Montealegre señaló que la actuación de Penagos podría representar incluso “una usurpación de función pública, porque el control de legalidad de un decreto no lo hace el registrador, lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior”.
Finalmente, el titular de la cartera de Justicia cuestionó la neutralidad del registrador: “Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y, como funcionario, no puede hacerlo. El copió esa agenda y ya está en arenas movedizas”, concluyó Montealegre.
Este nuevo episodio acentúa la tensión institucional entre el Ejecutivo y el ente registral, en un momento clave para la implementación de la consulta popular que busca recoger la opinión del pueblo sobre temas de relevancia nacional.
Humberto ‘Toto’ Torres
