La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por la grave situación humanitaria que enfrentan al menos 9.000 migrantes que han retornado a Colombia en lo que va del año a través del Tapón del Darién, en un fenómeno conocido como “flujo migratorio inverso”. Según reportes de Migración Colombia, estas personas provienen principalmente de Venezuela, India, Afganistán, Colombia y Ecuador, tras ser deportadas o expulsadas de Panamá, México y Costa Rica.
Durante visitas a los municipios de Necoclí, Turbo, Capurganá y Acandí, en el Golfo de Urabá, la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos documentó que los migrantes enfrentan estafas, discriminación, detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de grupos armados que controlan las rutas irregulares. Además, llegan con graves afectaciones a su salud: estrés psicosocial, lesiones por travesías en trochas y lanchas, insolación, quemaduras, desnutrición, deshidratación y enfermedades como dengue, malaria y fiebre amarilla.
Llamado a la acción interinstitucional
En una mesa de trabajo con entidades como los ministerios de Relaciones Exteriores y Transporte, Migración Colombia, la Policía Nacional, la Armada, el ICBF y autoridades locales, la Procuraduría exigió:
También se abordaron estrategias para prevenir trata de personas, tráfico de migrantes y violencia sexual, y se acordaron compromisos como la implementación de planes de contingencia, seguimiento a la Alerta Temprana Binacional N°01 de 2022 y la organización de una reunión binacional con Panamá para coordinar acciones.
“Esta crisis requiere una respuesta inmediata y coordinada para proteger los derechos humanos de quienes están en situación de extrema vulnerabilidad”, señaló la Procuraduría, instando a las autoridades a garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes retornados.
Humberto ‘Toto’ Torres