El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo de León, manifestó su rechazo enfático a la orden de detención emitida por una Sala de Apelaciones local contra los exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez (actual embajador de Colombia ante el Vaticano) y Luz Adriana Camargo (fiscal general de Colombia).
En un comunicado oficial, el Ejecutivo guatemalteco señaló que la medida “no cuenta con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y afirmó que “carece de sustento legal”, además de vulnerar el acuerdo entre la ONU y Guatemala que estableció la CICIG.
La Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial, presidida por el abogado Alejandro Prado, ordenó la captura de Velásquez y Camargo por supuestas irregularidades durante su trabajo en la investigación del caso Odebrecht. Sin embargo, esta sala ha sido cuestionada anteriormente por resoluciones polémicas, como:
Organizaciones sociales consideran a Zamora y Campo como “presos políticos” por su lucha anticorrupción.
El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval (exiliado en EE.UU.) denunció que los magistrados de apelaciones no tienen facultad legal para emitir órdenes de captura, según la ley guatemalteca. Además, la solicitud fue impulsada por el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por EE.UU. por corrupción y por intentar anular los resultados electorales que llevaron a Arévalo al poder.
El Gobierno de Guatemala informó que ya está en contacto con Colombia para las “aclaraciones diplomáticas correspondientes”. Por su parte, la Cancillería colombiana tachó la orden de “atentado contra los principios de justicia internacional”.
La ONU recordó en 2024 que los exfuncionarios de la CICIG gozan de inmunidad bajo el acuerdo que creó el organismo.
Durante su gestión (2014-2019), la CICIG, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló más de 100 estructuras corruptas en el Estado guatemalteco, implicando a políticos, empresarios y funcionarios.
Este caso reaviva el debate sobre la independencia judicial en Guatemala y la persecución contra excolaboradores de la lucha anticorrupción.Humberto ‘Toto’ Torres