Defensoría del Pueblo despliega misión humanitaria en Putumayo ante crisis por paro armado

En respuesta a la grave crisis humanitaria generada por el paro armado de grupos ilegales en los departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo, la Defensoría del Pueblo adelantó una misión humanitaria en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), con el objetivo de verificar las afectaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas del pueblo Murui Muina.

Durante la jornada, el equipo defensorial documentó testimonios de confinamiento por parte de autoridades de los resguardos indígenas Guaquira y Umancia, territorios fuertemente impactados desde abril por las restricciones a la movilidad impuestas por actores armados. Estas medidas han afectado de manera diferenciada a poblaciones especialmente vulnerables, como niños, niñas, mujeres gestantes, personas mayores y personas con discapacidad.

La Defensoría brindó acompañamiento a las autoridades indígenas en coordinación con la administración municipal y la oficina de enlace de víctimas, con el fin de garantizar el acceso a rutas institucionales de protección. Este trabajo incluyó orientaciones jurídicas y técnicas con enfoque étnico y de género, así como acciones de articulación para fortalecer la respuesta estatal ante la emergencia.

Además, la entidad indicó que se realizó seguimiento a la entrega de ayudas humanitarias inmediatas por parte de la Unidad para las Víctimas, verificando la llegada efectiva de los insumos y su pertinencia frente a las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas. La entidad insistió en la urgencia de asegurar una atención diferenciada, integral y culturalmente adecuada.

Como medida preventiva ante un posible desplazamiento forzado masivo, la Defensoría inspeccionó el albergue temporal habilitado por las autoridades locales. En este espacio, se ofreció orientación directa a los líderes indígenas sobre los protocolos de atención, condiciones del alojamiento y articulación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Cabe recordar que la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno nacional sobre los diálogos con los grupos armados al margen de la ley, para que no se continúen fortaleciendo y expandiendo, agravando la situación humanitaria:

“El Frente 33, al igual que lo hace permanentemente el ELN, irrespeta sistemáticamente el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles. Justifican su accionar despiadado señalando a la población civil de ser cómplices o simpatizantes de uno u otro grupo armado”, enfatizó Marín.

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará desarrollando acciones institucionales en los territorios para visibilizar las afectaciones, exigir garantías para la vida y promover condiciones de dignidad y bienestar para todas las comunidades.

Paola Martínez Burgos