Un violento atentado con explosivos sacudió este lunes el barrio Los Lagos, en el oriente de Cali, dejando un saldo de siete personas heridas, entre ellas tres agentes de policía y cuatro civiles –incluyendo dos menores de edad–, según confirmaron las autoridades. El artefacto, cargado con 18 kilos de pentolita (un potente explosivo militar), fue ocultado en un contenedor de basura y detonado por control remoto justo cuando dos patrullas policiales pasaban por el lugar respondiendo a una emergencia.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó enérgicamente el ataque y alertó sobre el grave riesgo que representó para la comunidad, ya que la explosión ocurrió cerca de un centro de desarrollo infantil, el cual también sufrió daños.
En respuesta, el mandatario local anunció una recompensa de $500 millones de pesos –ofrecida en conjunto con el Ministerio de Defensa– para quienes aporten información que lleve a la captura de los responsables. Además, exigió al Gobierno Nacional mayor apoyo para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en la ciudad.
El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que ya se encuentran en marcha las investigaciones, con la recolección de pruebas forenses, revisión de cámaras de vigilancia y el análisis de una llamada anónima recibida minutos antes de la explosión.
El alto oficial no descartó que el atentado haya sido perpetrado por disidencias de las FARC, recordando que el pasado 25 de abril otro explosivo fue lanzado contra un CAI policial en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, en un modus operandi similar.
Mientras las labores de rastreo y verificación continúan en la zona –que permanece acordonada–, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a evitar rumores y seguir únicamente información oficial.
El personero distrital, Gerardo Mendoza Castillón, rechazó categóricamente el ataque y exigió acciones urgentes: “No podemos permitir que la violencia siga amenazando la vida de los caleños. El Gobierno Nacional debe reforzar la presencia institucional y acelerar las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia”.
Este incidente enciende las alarmas sobre un posible recrudecimiento de la violencia en la ciudad, luego del ataque al CAI en abril. Las autoridades mantienen un operativo reforzado en la zona mientras analizan posibles vínculos con grupos armados ilegales.
La comunidad, por su parte, espera respuestas contundentes para evitar que hechos como este se repitan y no más familias resulten afectadas por la violencia indiscriminada.
Humberto ‘Toto’ Torres