Fiscalía imputa cargos a presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’ por homicidios y otros delitos en Bogotá y Chía

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías abundante material probatorio en contra de Jhonmario de Jesús Chourio Salas, José Miguel Navas Amaro, Viviana Suárez Villanueva y Miguel Ángel Martínez Pinzón, señalados como presuntos integrantes de una estructura criminal asociada al ‘Tren de Aragua’, implicada en homicidios y diversas actividades ilícitas en Bogotá y Chía (Cundinamarca).

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en atención a su presunta participación en los hechos investigados.

Las pesquisas, adelantadas en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, indican que los acusados estarían vinculados a la distribución de drogas al menudeo, el cobro de extorsiones y enfrentamientos con otras bandas delictivas por el control territorial de economías criminales.

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Según las investigaciones, Chourio Salas, ciudadano venezolano, sería uno de los cabecillas de la red y quien determinaba las zonas donde se debía comercializar droga o exigir pagos ilegales a comerciantes, transportadores y trabajadores informales. Igualmente, estaría implicado en varios asesinatos, entre ellos el registrado el pasado 7 de enero en Duitama (Boyacá), donde un joven fue asesinado a tiros en plena vía pública por, presuntamente, colaborar con una organización rival.

Por su parte, Viviana Suárez Villanueva habría tenido un rol clave en el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, así como en la gestión de recursos económicos obtenidos de manera ilegal. En tanto, Navas Amaro y Martínez Pinzón habrían cumplido funciones de seguimiento a las víctimas, transporte de armamento y coordinación de puntos de expendio.

Los cuatro imputados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones.

Paola Martínez Burgos