39 años de cárcel para responsable del crimen de líder social en Ocaña

Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, fue condenado a 39 años de prisión por su participación en el asesinato de Jorge Luis Solano Vega, defensor de derechos humanos en Ocaña, Norte de Santander. El crimen ocurrió el 3 de noviembre de 2020, cuando Solano Vega, presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue interceptado frente a su residencia en el barrio Miraflores por hombres armados que acabaron con su vida. La juez penal que dictó la sentencia también lo declaró culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Las investigaciones a cargo de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) revelaron que alias Mingui, en concertación con otras dos personas, planificó el ataque. Su rol incluyó identificar la vivienda de la víctima, adquirir el arma utilizada y repartir el dinero recibido como pago por ejecutar el crimen. Los móviles del asesinato se relacionaron con el papel activo de Solano Vega en la denuncia de irregularidades en la contratación municipal y su trabajo como líder social.

https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1912186732214108269

El ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando Solano Vega regresaba a su vivienda tras almorzar. En ese momento, los responsables aprovecharon la ausencia de escoltas para llamarlo con el pretexto de presentarle una denuncia y luego dispararle de manera indiscriminada. El asesinato no solo conmocionó a la comunidad de Ocaña, sino que también evidenció la creciente vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia.

Ocho días después del asesinato, las autoridades lograron identificar a los responsables materiales del crimen. Luis López Delgado, quien también participó en el ataque, fue condenado en marzo de 2024 a 18 años de prisión tras aceptar un preacuerdo judicial. López, además de transportar el arma utilizada, cumplió funciones de vigilancia antes y durante el crimen. Se determinó que ambos implicados recibieron 40 millones de pesos por ejecutar el asesinato, aunque los autores intelectuales no han sido identificados hasta la fecha.

La sentencia contra Pinzón Ramírez es de primera instancia, lo que significa que todavía pueden interponerse recursos legales en su defensa. Sin embargo, este fallo representa un avance en la justicia para los defensores de derechos humanos, quienes a menudo son blanco de amenazas y violencia en el ejercicio de su labor en Colombia. El caso también subraya la necesidad de investigar a profundidad para determinar la identidad de los autores intelectuales.

El asesinato de Jorge Luis Solano Vega es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los líderes sociales en Colombia. Su rol como defensor de los derechos humanos y su incansable trabajo en la denuncia de irregularidades lo convirtieron en un objetivo. Este caso evidencia la urgencia de implementar medidas más efectivas para proteger a quienes defienden los intereses colectivos y luchan contra la corrupción y las injusticias.

En conjunto, la condena a alias Mingui, junto con el preacuerdo alcanzado por Luis López Delgado, son pasos hacia la rendición de cuentas en este caso. No obstante, queda pendiente garantizar que los autores intelectuales también enfrenten la justicia. Este proceso destaca tanto los avances como las limitaciones del sistema judicial en la búsqueda de justicia para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Juan Joya