Gobierno analiza extensión del cese al fuego con disidencias de Calarcá tras solicitud formal

Este martes 15 de abril se convierte en un punto decisivo para el proceso de paz en Colombia. El presidente Gustavo Petro tiene hasta la medianoche de hoy para tomar una decisión sobre la prórroga del cese al fuego bilateral establecido hace un año con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc, encabezadas por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’. Este acuerdo, considerado el más extenso en la historia de las negociaciones de paz del país, ha sido crucial en el marco de la política de “paz total” que lidera el Gobierno.

Durante el último fin de semana, las delegaciones del Gobierno y las disidencias se reunieron en La Macarena, Meta, para evaluar los avances alcanzados en el proceso de negociación y discutir los próximos pasos. Entre los temas centrales estuvo la solicitud formal para extender el cese al fuego por un periodo de seis meses, con el objetivo de consolidar los compromisos pactados y continuar con la implementación de medidas como la transformación de las economías ilícitas y la formalización de tierras. Ambas delegaciones destacan que este tiempo adicional permitiría garantizar condiciones favorables para avanzar hacia una paz sostenible en las regiones afectadas por el conflicto armado.

La decisión de extender el cese al fuego no solo se ha discutido en la mesa de negociación. Según fuentes cercanas al Gobierno, el tema ha generado una movilización significativa dentro de la Casa de Nariño en los últimos días, con diversas voces promoviendo activamente la aprobación de la prórroga. Sin embargo, el panorama no está exento de tensiones. Las Fuerzas Militares han manifestado resistencias frente a esta medida, argumentando que el reciente nombramiento del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa ha traído consigo una estrategia más ofensiva en las zonas en conflicto, lo que podría complicar los esfuerzos de diálogo.

A pesar de estos desafíos, los diálogos han mostrado avances importantes. En el encuentro reciente se abordaron temas clave como la titulación de tierras, la creación de Zonas de Reserva Campesina y el desarrollo de proyectos productivos. Estos avances son vistos como pasos fundamentales para reducir las desigualdades en las áreas rurales y establecer una base sólida para la paz territorial. Además, se acordaron reuniones técnicas entre el 28 y el 30 de abril para monitorear las reglas y compromisos asociados al cese al fuego, en caso de que este sea prorrogado.

La agenda para los próximos meses incluye también la revitalización ambiental en áreas afectadas por el conflicto, con la propuesta de sembrar diez millones de árboles en parques nacionales como La Macarena y Chiribiquete. Esto forma parte de un plan de reconversión económica para superar la producción de cocaína en zonas protegidas, priorizando regiones como Catatumbo y Caquetá. Por otro lado, las delegaciones han señalado que garantizar la seguridad de las comunidades locales y fomentar su desarrollo es esencial para la construcción de una paz duradera.

Mientras tanto, se espera que las reuniones programadas en mayo aborden temas más amplios como justicia, gobernanza territorial, incorporación de los miembros de las disidencias al Estado social de derecho y garantías para las víctimas del conflicto. Estas reuniones serán fundamentales para trazar un plan de no retorno en el proceso, que permita consolidar los avances y definir prioridades claras para los próximos pasos en la mesa de diálogo.

A medida que el reloj avanza y el plazo límite se acerca, la atención nacional e internacional está puesta en la decisión que tomará el presidente Petro. Este momento es crucial no solo para el proceso de negociación con las disidencias de alias Calarcá, sino también para las comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto, que esperan que los esfuerzos de paz se traduzcan en transformaciones reales, tangibles y sostenibles.

Juan Joya