Bogotá se prepara para acoger a un nuevo grupo de familias desplazadas, procedentes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Estas personas han sido forzadas a abandonar sus territorios a causa de la persistencia del conflicto armado en la zona.
Según reportaron las autoridades, estas familias habían sido reubicadas inicialmente en un predio de la vereda Las Pavitas, en el municipio de Puerto Boyacá. Sin embargo, hoy enfrentan nuevamente escenarios de amenaza, revictimización y alto riesgo, lo que ha motivado su traslado hacia la capital a partir de este martes, 14 de abril de 2025.
Frente a esta situación, la Administración Distrital, en articulación con la Unidad para las Víctimas, ha acordado asumir de manera conjunta las acciones de atención inmediata para esta población, mientras la Agencia Nacional de Tierras avanza en los procesos de reubicación definitiva.
Asimismo, el Distrito ha dispuesto la atención integral de las familias desplazadas a través de sus entidades. Mientras el Gobierno Nacional garantizará el transporte y la provisión inicial de alimentos, la administración capitalina asumirá la oferta de alojamiento temporal, así como el acceso a servicios de salud, educación, integración social, atención psicosocial, orientación jurídica a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local, y la caracterización socioeconómica para quienes decidan permanecer en la ciudad.
El Distrito advirtió que, aunque ha respondido de manera integral a las crisis derivadas del desplazamiento, Bogotá se encuentra al borde de su capacidad para atender a esta población. Solo en enero de 2025, como consecuencia directa del deterioro de la situación en el Catatumbo, la ciudad registró un aumento del 30 % en la recepción de personas en condición de desplazamiento forzado, en comparación con años anteriores, lo que ha exigido el fortalecimiento de la capacidad institucional.
A través de la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y la Reconciliación, se han entregado apoyos para arriendo y bonos alimentarios a 1.699 personas, y se ha brindado alojamiento temporal a 317, cuadruplicando la capacidad ordinaria de los albergues distritales.
Ante este panorama, la Alcaldía ha solicitado formalmente a la Unidad para las Víctimas que, en virtud de los principios de concurrencia y subsidiariedad, asuma el alojamiento de la población Emberá, que permanece en albergues distritales desde septiembre de 2023, a la espera de un proceso de reubicación. Además, se ha instado a acelerar la evaluación del Registro Único de Víctimas, debido a que los retrasos en este trámite incrementan considerablemente los costos de la atención humanitaria inmediata y restringen la capacidad del Distrito para asistir a los nuevos llegados.
La Administración Distrital reiteró su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y exhortó al Gobierno Nacional a agilizar los procesos de reubicación, garantizando siempre la dignidad, la voluntariedad y la seguridad de las víctimas, para evitar nuevas afectaciones y no sobrecargar la capacidad institucional de los territorios receptores.
Paola Martínez Burgos