La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron capturas en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás y Cereté. Entre los detenidos hay registradores, inspectores de policía y un asesor jurídico vinculados a la trama.
En un golpe a la corrupción que amenazaba el desarrollo urbano y social del Atlántico, autoridades capturaron a 17 personas —entre ellas 8 funcionarios públicos— por su presunta participación en una red dedicada al fraude en la adquisición y comercialización ilegal de tierras. Los investigados enfrentarán cargos por peculado, prevaricato, cohecho, urbanización ilegal y estafa agravada, entre otros delitos.
Según las investigaciones, los implicados —entre los que figuran 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un notario y un asesor jurídico de una alcaldía— habrían omitido revisiones jurídicas para legalizar fraudulentamente terrenos. Estos luego eran parcelados y vendidos a familias, quienes caían en el engaño de creer que las transacciones eran legítimas.
Las tierras afectadas, que suman 277.000 metros cuadrados, estaban destinadas a la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques, según los planes urbanísticos. “Se materializó una estafa masiva que perjudicó a familias vulnerables y retrasó proyectos de interés social”, señaló un fiscal adscrito al caso.
La operación, que aún no concluye, contempla 16 nuevas imputaciones, elevando a 33 el total de personas judicializadas. Las autoridades no descartan que más funcionarios estén vinculados, especialmente en entidades notariales y municipales.
El presidente Gustavo Petro celebró las capturas a través de su cuenta en X (antes Twitter):
“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla; la mayoría son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”.
El mandatario enfatizó que la red operaba “constriñendo a comunidades para apoderarse de terrenos”, y destacó que la investigación protege los derechos a “vivienda, educación y deporte para los más vulnerables del Atlántico”.
El caso revela cómo redes criminales, con infiltración en entidades públicas, distorsionan el mercado de tierras y desvían recursos destinados a obras sociales. Las autoridades advierten que seguirán incautando propiedades ilegalizadas y rastreando a los compradores afectados para restituir sus derechos.
Mientras avanza la segunda fase, la Fiscalía pidió a la ciudadanía reportar casos similares a la línea anticorrupción, asegurando que “la impunidad no será tolerada”.
Humberto ‘Toto’ Torres