Sentencia de 15 años contra expresidente de Saludcoop es ratificada por alto tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este lunes 14 de abril la condena de 15 años y un mes de prisión contra Carlos Gustavo Palacino Antia, expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la misma entidad. La decisión se dio en el marco de un caso que ha sido catalogado como uno de los mayores escándalos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud en Colombia.

Según el tribunal, Palacino y Sabogal ejecutaron un esquema fraudulento que implicaba recobros irregulares al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Entre enero de 2010 y mayo de 2011, los condenados tramitaron 2.912 recobros por un valor total de 14.269 millones de pesos, utilizando como soporte cheques destinados a servicios de salud que nunca se llevaron a cabo. Estos cheques, en su mayoría, fueron anulados o archivados, mientras se simulaba haber cumplido con los pagos a los prestadores.

La Fiscalía destacó que “el fallo precisó que los sentenciados deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión, pagar una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y enfrentar una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas”. Los delitos atribuidos a los exdirectivos incluyen estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, los cuales tuvieron un impacto significativo en la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Además, el tribunal evidenció que los condenados incumplieron con los pagos establecidos por ley a los prestadores de salud por procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En lugar de cumplir con sus responsabilidades, los exdirectivos ocultaron la grave crisis económica que atravesaba Saludcoop en ese momento, agravando la situación para el sector salud en el país.

El ente acusador resaltó que esta decisión, aunque definitiva en segunda instancia, podría ser sometida a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. De ser así, esta acción prolongaría el proceso, que ya ha sido objeto de atención mediática debido a la relevancia de los recursos públicos comprometidos.

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El esquema fraudulento tuvo un impacto directo en los prestadores de servicios de salud, además de generar dudas sobre la capacidad de las instituciones para garantizar el acceso al derecho a la salud en Colombia. El caso evidenció la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y control en el manejo de recursos públicos destinados al sector salud, con el objetivo de prevenir irregularidades similares en el futuro.

La ratificación de esta condena se considera un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el ámbito público. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, “la condena conocida es de segunda instancia y es susceptible del recurso extraordinario de casación”. Este caso continúa siendo de interés por las cifras involucradas y sus efectos en la sostenibilidad del sistema de salud del país.

Juan Joya