José Félix Lafaurie alerta sobre la inseguridad rural en Colombia

¿Es justificable la creación de guardias campesinas para defender la “recuperación de tierras”?

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), emitió fuertes declaraciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos organizados que promueven invasiones de tierras, a quienes responsabiliza de intensificar la violencia en el campo colombiano.

En un pronunciamiento público, Lafaurie denunció el reciente secuestro de Luis Hernando Peña Rodríguez, productor ganadero del municipio de Pailitas, Cesar, atribuido al ELN. Este caso se suma al secuestro de cinco ganaderos en Puerto Rondón (Arauca) y al de Cristian Serrano, quien fue canjeado por su hermana Clara tras ser privado de su libertad en noviembre de 2024. “Lo que estamos viendo es un país que prácticamente removió una dinámica de violencia de los años 90 que no augura nada bueno”, afirmó Lafaurie.

https://twitter.com/jflafaurie/status/1910354836769640509

A través de sus redes sociales, el dirigente gremial exigió una respuesta inmediata del Gobierno Nacional: “Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades civiles y militares actuar con celeridad para garantizar el pronto regreso de Luis Hernando Peña Rodríguez, sano y salvo. ¡Ni uno más!”.

Además, denunció una presunta estrategia organizada de invasión de fincas ganaderas bajo el pretexto de la “recuperación de tierras”, que estaría respaldada por organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario (CNA). Según Lafaurie, estas entidades promueven ocupaciones ilegales, hostigamiento a propietarios y destrucción de bienes, disfrazando sus acciones como defensa de derechos.

En su columna titulada “Indígenas y campesinos… ¿Un nuevo poder?”, Lafaurie identificó tres patrones comunes en estas invasiones: el apoyo logístico y político de ONG, la presencia de agitadores que difunden consignas comunistas y la participación activa de Guardias Campesinas, que operan de manera similar a las Guardias Indígenas, pero con fines de presión y bloqueo. También cuestionó el papel de las comunidades indígenas en la disputa por la tierra, señalando que, aunque representan el 4,4 % de la población, son propietarios de más de 39 millones de hectáreas. Criticó el uso de “derechos ancestrales” como argumento para exigir la ampliación de resguardos y destacó que estos grupos cuentan con justicia especial, contratos estatales directos y recursos significativos para movilización política.

Lafaurie concluyó con un señalamiento al Gobierno Petro, acusándolo de respaldar indirectamente estas acciones:

“¿Acaso estamos ante un nuevo poder que sostiene la revolución petrista? Con recursos públicos, movilización ideológica y violencia selectiva, parece que el campo colombiano ha vuelto a ser campo de batalla”.

Según el dirigente, la violencia del ELN en el Catatumbo, sumada a las acciones de grupos ilegales y las guardias campesinas e indígenas, ha intensificado la inseguridad en el campo.

El dirigente gremial también destacó que la extorsión, el abigeato y las invasiones de fincas son problemas recurrentes que afectan a los ganaderos. Fedegán ha implementado Brigadas Solidarias y Frentes Solidarios de Seguridad para apoyar a los afectados y colaborar con las autoridades en la prevención de invasiones y el desalojo pacífico de predios.

Sin embargo, el dirigente advirtió que la situación actual refleja un país saturado de violencia, donde las dinámicas de los años 90 parecen resurgir, amenazando la estabilidad del campo colombiano.

Juan Joya