Distrito denuncia obstrucciones a servicios sociales en alojamientos temporales de La Florida y La Rioja

La administración distrital denunció obstrucciones a la prestación de servicios sociales en los alojamientos temporales de La Florida y La Rioja, ocurridas entre los días 5 y 7 de abril de 2025. Las situaciones registradas durante este periodo comprometieron gravemente el acceso a servicios esenciales, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes, y podrían constituir una vulneración a sus derechos fundamentales.

Desde el 5 de abril, en el alojamiento de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, voceros de la comunidad emberá restringieron el ingreso del equipo del Puesto de Mando Unificado (PMU), incluyendo a funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Esta obstrucción ocurrió en medio de exigencias relacionadas con ayudas humanitarias de la Unidad para las Víctimas (UARIV), rutas de transporte y la instalación de una mesa de diálogo con autoridades distritales de alto nivel.

Aunque el 7 de abril se permitió el ingreso parcial de algunas entidades, continuaron las restricciones, lo que impidió el desarrollo normal de actividades, particularmente aquellas orientadas a la infancia, como el servicio Atrapasueños y los jardines infantiles. A la fecha, el equipo del PMU no ha logrado retomar sus labores ni realizar los recorridos de acompañamiento a la comunidad.

Uno de los principales impactos ha sido sobre el derecho a la educación. Cerca de 500 niños y niñas se benefician de la oferta de la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Pese a que algunas familias mostraron disposición para enviar a sus hijos a clases, los voceros de la comunidad impidieron la movilización del resto, afectando seriamente este derecho fundamental.

El fin de semana también se reportó un acto de vandalismo en el espacio pedagógico Casa de Memoria y Lúdica Jibuzu, ubicado en la UPI La Florida. El 7 de abril, el equipo halló material pedagógico destruido, consumo no autorizado de refrigerios, daños con aerosoles en pisos y paredes, y el hurto de varios elementos, incluyendo un parlante, cargadores, pañales, libros, ropa y cojines. El ingreso al espacio se habría producido forzando una ventana del segundo piso, hecho que ya había sido advertido desde marzo.

En la UPI La Rioja también se han presentado obstáculos reiterados que han dificultado la labor institucional, sumados a episodios de hostilidad hacia funcionarios. El sábado 5 de abril, voceros de la comunidad informaron que el lunes siguiente no se permitiría el ingreso de ninguna institución. Ante este panorama, el Distrito convocó una reunión con la participación del secretario de Integración Social, Roberto Angulo; la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado; y directivos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

Según reportes oficiales, en La Rioja ya se han registrado al menos cinco bloqueos a la prestación de servicios por parte de entidades distritales y nacionales, situación que genera preocupación por su impacto en la atención a poblaciones vulnerables.

La administración distrital ha reiterado que garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una prioridad inaplazable. El derecho a la educación es irrenunciable y debe ser protegido de forma continua e integral. Las autoridades señalaron que estas garantías no pueden estar sujetas a bloqueos, restricciones o decisiones unilaterales por parte de voceros comunitarios.

Pese al cumplimiento institucional de los acuerdos establecidos, algunos miembros de la comunidad han incumplido compromisos, afectando la operación de entidades clave como la SDIS, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

Finalmente, el Distrito reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y advirtió que no tolerará obstrucciones a la prestación de servicios ni agresiones contra funcionarios públicos. Toda conducta que vulnere derechos fundamentales o ponga en riesgo la integridad del personal institucional será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Paola Martínez Burgos