Defensoría del Pueblo denuncia alarmante aumento de secuestros por parte del ELN en Colombia

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entregó un preocupante balance sobre la situación de los secuestros en Colombia, denunciando que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene actualmente a 68 personas en cautiverio, principalmente en el departamento de Arauca y en la conflictiva región del Catatumbo, Norte de Santander.

A través de un comunicado oficial, la Defensoría expresó su profunda preocupación por el incremento de los secuestros extorsivos en distintas regiones del país. Entre los casos más recientes, la entidad destacó la situación de Yennis Salazar Zabaleta, ex personera de Tamalameque (Cesar), secuestrada por el ELN desde el 21 de febrero, y del joven Kevin Patarroyo Gómez, quien lleva más de un mes en poder de este grupo armado en el Catatumbo, donde incluso cumplió sus 19 años en cautiverio.

“Estos tres secuestros son extorsivos. El sufrimiento de las víctimas y sus familias es devastador e irreparable. Exigimos al ELN y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas”, manifestó la Defensora del Pueblo.

La situación es especialmente crítica en el Catatumbo, donde el ELN mantiene secuestradas al menos a 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33. A estas víctimas se suman más de 18 personas retenidas en Arauca, pese a la reciente liberación de cinco ganaderos.

Marín fue enfática en rechazar cualquier justificación política para este tipo de delitos:

“El secuestro no tiene ninguna relación ni conexidad con los delitos políticos que el ELN alega cometer. Por el contrario, cuando se realiza de forma sistemática y a gran escala, constituye un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra por la toma de rehenes”, subrayó.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se registraron 40 secuestros en Colombia: 31 con fines extorsivos y 9 clasificados como secuestro simple. Aunque en 2024 se reportaron menos casos (290) en comparación con 2023 (338), el flagelo persiste como una de las más graves violaciones a los derechos humanos en el país.

La Defensoría del Pueblo reiteró su enérgico rechazo al secuestro como herramienta de presión, financiamiento o control territorial por parte de los grupos armados ilegales. Asimismo, insistió en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y a una vida digna para todas las personas, sin distinción alguna.

Paola Martínez Burgos