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Un escandaloso caso de presunta malversación de recursos públicos ha salido a la luz en Gachancipá, Cundinamarca, donde un centro de salud que debía ser entregado en cuatro meses lleva casi seis años en construcción, con un avance de apenas el 11,61 %. La congresista Alexandra Vásquez denunció que el contratista, Consorcio CSG, recibió más de $2.500 millones sin cumplir con las obligaciones pactadas, dejando a los más de 21.000 habitantes del municipio sin acceso a servicios de salud básicos y primarios.
Un contrato millonario incumplido
El contrato, firmado en octubre de 2019 por un valor de $4.133 millones, tenía como objetivo la construcción de un centro de salud en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, según la congresista Vásquez, el proyecto ha estado plagado de retrasos, suspensiones y ampliaciones injustificadas. “Esto es una presunta flagrante malversación de recursos públicos otorgados a un proyecto que beneficiaría a los habitantes que requieren servicios de salud urgentes, básicos y primarios”, afirmó.
La obra ha tenido seis suspensiones y doce ampliaciones, lo que ha permitido al contratista mantener el anticipo recibido sin avanzar significativamente en la construcción. “El consorcio presentó en su oferta estudios y diseños no viables para la construcción; producto de ello, son las múltiples suspensiones en obra, retrasos injustificados e inadecuado uso que realizó el contratista frente a la entrega del anticipo”, explicó Vásquez.
Advertencias ignoradas y documentos cuestionables
La congresista también reveló que los habitantes de Gachancipá habían advertido, incluso antes de la adjudicación del contrato, que el proyecto estaba mal diseñado. Sin embargo, sus observaciones fueron ignoradas por la administración del entonces alcalde José Joaquín Cubides. “El municipio tuvo que suscribir un nuevo proceso contractual en 2022 para ajustar estudios y diseños, lo que implicó un mayor gasto”, agregó.
Además, Vásquez señaló irregularidades en los documentos del proceso licitatorio, incluyendo actas de pago mensual ilegibles y falta de firmas competentes para avalar los pagos. “Lo único que es realidad es una placa con el mensaje no cumplido: Un sueño hecho realidad”, denunció.
Antecedentes preocupantes del contratista
El Consorcio CSG está integrado por dos empresas con historiales cuestionables en la ejecución de obras públicas. Por un lado, Construcciones e Ingeniería CRP SAS, representada por Cesar Augusto Ramírez Perdomo, tiene otra obra suspendida y retrasada en Cota, Cundinamarca: la construcción del centro agroindustrial y de acopio. Por otro lado, Clara Alicia Guerrero, otra integrante del consorcio, fue sancionada por la Contraloría General de la República por incumplir la construcción y mejoramiento de una plazoleta y el parque central en El Castillo, Meta.
Llamado a los órganos de control
Ante esta situación, la congresista Vásquez hizo un llamado urgente a los órganos de control para que investiguen este presunto caso de malversación de recursos públicos. “Es necesario que se tomen medidas disciplinarias y se garantice que los recursos destinados a obras públicas cumplan su propósito de beneficiar a las comunidades”, afirmó.
Mientras tanto, los habitantes de Gachancipá continúan esperando un centro de salud que les permita acceder a servicios médicos básicos, mientras el elefante blanco en el que se convirtió esta obra sigue siendo un recordatorio de la falta de transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Humberto ‘Toto’ Torres
