El comisionado consejero de paz de Colombia, Otty Patiño, reconoció este lunes que el Gobierno no analizó a fondo la alerta temprana emitida en 2023 por la Defensoría del Pueblo, la cual advertía sobre una posible confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Esta situación se ha materializado desde el pasado 16 de enero, dejando una grave crisis humanitaria y de seguridad en la zona.
Durante una sesión técnica del estado de cosas inconstitucional (ECI), organizada por la Corte Constitucional, Patiño admitió que no se realizó un análisis profundo de las alertas que preveían el recrudecimiento del conflicto. “Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto. No hubo, y quiero ser muy autocrítico, un análisis a fondo de por qué se estaban presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de estado de convivencia, entre lo que llaman (…) el Frente 33, y el ELN en esa región”, expresó el comisionado.
Crisis anunciada y cifras alarmantes
La Defensoría del Pueblo ya había advertido el 15 de noviembre de 2023, a través de su sistema de alertas tempranas, sobre “la situación de riesgo” para la población civil debido a la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en el Catatumbo. Sin embargo, las advertencias no fueron atendidas a tiempo.
Desde el inicio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, las cifras son devastadoras: entre 60 y 80 muertos, según la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, y más de 50.000 desplazados. No obstante, las autoridades solo han podido recuperar 47 cuerpos, ya que las zonas rurales más afectadas siguen siendo inaccesibles debido a la violencia.
Impacto en los firmantes de paz
Entre las víctimas mortales se encuentran seis firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que nueve excombatientes de las antiguas FARC permanecen desaparecidos. Esta situación ha generado una creciente preocupación sobre las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil.
Llamado a la acción
La crisis en el Catatumbo no solo evidencia la falta de atención a las alertas tempranas, sino también la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a la población civil y a los excombatientes. Patiño destacó la necesidad de un enfoque integral que aborde las causas profundas del conflicto y garantice la seguridad en la región.
Mientras tanto, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han llamado al Gobierno colombiano a tomar acciones inmediatas para frenar la violencia y atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo.
Humberto ‘Toto’ Torres