La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha expresado su respaldo a la expropiación administrativa incluida en los decretos de conmoción interior emitidos por el Gobierno Nacional, con el fin de proteger a los ciudadanos desplazados por la violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La medida ha sido objeto de varios cuestionamientos, pero la URT ha subrayado que su propósito es salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas y garantizar la protección de sus territorios.
En un comunicado oficial, la URT destacó que “salvaguardar el territorio y los bienes de las comunidades, ante la situación de orden público que se presenta en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, así como en los municipios de Río de Oro y González en el Cesar, es la prioridad de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) como parte del cumplimiento del Decreto 0108 de 2025”, el cual establece la expropiación administrativa como una medida para enfrentar el desplazamiento forzado masivo.
El Decreto 0108 de 2025 introduce dos novedades relevantes en el ámbito de la protección de tierras. La primera es el adelanto de “medidas de protección colectiva”, una estrategia que permite aplicar de forma masiva acciones preventivas ante las graves situaciones de violencia que han generado desplazamiento en la región. Esta medida busca atender a las comunidades más vulnerables, que han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la creciente inseguridad.
La segunda novedad es la utilización del Registro Único de Protección de Tierras y Territorios Abandonados (RUPTA), herramienta que permitirá a la URT tomar medidas de protección cuando una vereda, corregimiento o municipio esté en riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento. Esta acción facilitará una respuesta más ágil y efectiva en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Además, la URT ha señalado que continúa vigilando y protegiendo los predios que han sido abandonados por sus ocupantes debido a las condiciones de desplazamiento forzado. La unidad asegura que, a través de sus acciones, se busca mitigar el impacto de la violencia y contribuir a la recuperación de las tierras de las comunidades afectadas.
Esta estrategia responde a una de las crisis humanitarias más complejas del país y refleja el compromiso del Gobierno con la restitución de tierras y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos desplazados por la violencia. La implementación de estas medidas busca garantizar que las comunidades afectadas puedan recuperar no solo su territorio, sino también su calidad de vida en un entorno seguro y pacífico.
Sala Digital Colmundo