Sancionan a seis profesores por falsificar títulos para obtener beneficios laborales

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una sanción ejemplar contra seis docentes que falsificaron sus títulos académicos para obtener beneficios laborales en diferentes instituciones educativas de Colombia. Entre los sancionados se encuentra Henrry Navarro González, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años por entregar un diploma falso de licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás. Navarro ocupó el cargo de maestro provisional en la Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Kennedy, reemplazando a una funcionaria.

El Ministerio Público confirmó que Carlos Andrés Uricoechea Mendoza también fue sancionado, en su caso por 10 años, por presentar un título falso de magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Esta acción le permitió obtener un nuevo escalafón y una mejor asignación salarial durante la vigencia 2022.

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Otros cuatro maestros, Omar Arturo Cuestas Torres, Alexander Rosero Recalde, Luz Dary Mora Hernández y Sandra Janeth Urbina Pulido, también fueron sancionados con inhabilidad por 5 años para ocupar cargos públicos, tras haber suministrado diplomas falsos en diversas instituciones educativas del país. Los anteriores funcionarios se acogieron a la rebaja de la sanción al confesar los hechos comprobados por el organismo de control.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento constató que estos disciplinados vulneraron los principios de moralidad pública, transparencia y lealtad, calificando sus faltas como gravísimas a título de dolo en fallo de primera instancia. La sanción busca establecer un precedente en el sector educativo y enviar un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la honestidad en la administración pública.

En respuesta a estas sanciones, varias organizaciones educativas han expresado su apoyo a las medidas adoptadas por la Procuraduría, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de credenciales académicas para garantizar la transparencia y la calidad en el sector educativo.

Estas sanciones resaltan la gravedad de falsificar credenciales académicas y reafirman el compromiso del Estado en mantener altos estándares de ética y transparencia en todos los niveles de la educación pública y privada en Colombia. Por lo que el Ministerio Público continuará vigilando y sancionando cualquier acto que afecte la integridad de las instituciones educativas y sus profesionales conforme a los requisitos establecidos en el Decreto Ley No. 2277 de 1979.

 Juan Joya