En 2024, Colombia logró un hito histórico al prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Después de nueve intentos fallidos, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que erradica esta práctica, eliminando un artículo del Código Civil de 1887. Este avance permite, además, que los menores que actualmente están en matrimonios o uniones de hecho puedan anular estos compromisos.
El contexto social fue fundamental para la aprobación de esta ley. La polémica generada por la canción +57, que sexualizaba a una niña de 14 años, provocó una reacción de indignación en la sociedad colombiana, lo que contribuyó al respaldo unánime del Congreso. Esta medida alinea a Colombia con los estándares de Unicef y las Naciones Unidas, siendo un paso importante hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
A pesar de este avance, la directora de la Fundación Plan, Ángela Anzola, destacó que la prohibición del matrimonio infantil no es la solución definitiva a los problemas relacionados con los derechos de la niñez. Es necesario fortalecer la educación en derechos sexuales y reproductivos y garantizar una trayectoria educativa adecuada para los menores. La colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil será crucial para consolidar estos avances.
Para 2025, uno de los principales retos será la implementación efectiva de la nueva ley y la anulación de los matrimonios y uniones tempranas existentes. Esto requerirá esfuerzos coordinados entre las autoridades y la sensibilización de las comunidades. Además, es fundamental desarrollar programas educativos integrales sobre derechos sexuales y reproductivos en todas las regiones del país.
Otro desafío será la recopilación y actualización de datos sobre matrimonios infantiles y uniones tempranas para evaluar el impacto de la ley y ajustar las políticas según sea necesario. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional será esencial para garantizar el éxito de esta iniciativa y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Juan Joya