De acuerdo a la Fiscalía, 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, fueron presentados ante un juez de control de garantías entre ellos al concejal de Puerto López, Meta, Carlos Orlando Heredia Leal, y al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país.
Según el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales al parecer, los imputados obligaban a los propietarios de fincas a abandonar sus predios, para tomar posesión de ellos y ponerlos a nombre de terceros que los vendían o usaban para actividades narcotraficantes y el tráfico de armas.
De acuerdo al ente acusador, estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Por petición de la #Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal de Puerto López, Carlos Orlando Heredia Leal; al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, y a otros ocho señalados integrantes de la… pic.twitter.com/SkLTyxOW1l
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 19, 2024
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Según lña Fiscalía, además de los funcionarios, los otros afectados con la decisión son: Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ‘Renacer’ desplazaba a los dueños de fincas en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, el concejal Heredia Leal y el exinspector Enrique Osorio, presuntamente, facilitaban los trámites administrativos para que los predios pasaran a manos de terceros, quienes los vendían como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En otras ocasiones las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento han sido acreditados tres eventos delictivos que involucran a igual número de fincas.
Paola Martínez Burgos