Desde hace más de dos décadas se han violado los DD. HH. de las personas privadas de la libertad

Desde hace más de 22 años en las salas de detenidos de las Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las cárceles nacionales de La Picota, Modelo y Buen Pastor se vive un drama humano por el alto hacinamiento, que vulnera los DD HH de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Los distintos gobiernos nacionales han hecho muy poco para solucionar de fondo este grave problema que, desde el año 1998, la Corte Constitucional lo declaró como un “Estado de Cosas Inconstitucional” por la grave violación de los DD.HH. de los ciudadanos y ciudadanas privadas de la libertad en la ciudad y en el país.

En el caso del Gobierno Distrital, en el año 2000 se reconstruyó la Cárcel Distrital de Varones y Mujeres que se ha constituido en la mejor cárcel que tiene el país y la única certificada por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que la acredita como una entidad organizada, estructurada y que respeta los derechos humanos de los internos e internas. Salvo esta cárcel, hoy en Bogotá La Modelo, el Buen Pastor y La Picota registran un hacinamiento por encima del 50% y las estaciones y URIs, superan el 140%

Es de anotar que no pocas veces la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo han denunciado las condiciones infrahumanas y violatorias de los DD HH de más de 16.000 personas privadas de la libertad en Bogotá y demandado acciones para solucionar el alto hacinamiento.

Este grave problema de hacinamiento en las URIs y Estaciones de Policía se ha incrementado en los últimos dos años. Mientras que entre 2015 y 2017 el hacinamiento no supera el 20%, en parte por la disposición que establece el nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia respecto a la retención transitoria en estos sitios, en los últimos años dos años el hacinamiento ha llegado casi llega al 200%. Hoy se sitúa en 150% 

De las 1.618 personas detenidas en las URIs y Estaciones de Policía, hay 368 condenados que deberían estar en cárceles nacionales, lo que reduciría el hacinamiento si son trasladados a estos establecimientos, pero en la actualidad las cárceles nacionales no están recibiendo estos privados de la libertad.

Frente a esta situación, la actual Administración ha hecho varias propuestas al Gobierno Nacional para solucionar el problema de hacinamiento. Desde enero le propusimos al Ministerio de Justicia la construcción de una cárcel en terrenos de La Picota con 3.300 cupos, pero la respuesta fue negativa.

Con la llegada de la pandemia, que ha agravado aún más la situación, el Gobierno Nacional, con base en la emergencia sanitaria, entregó toda la responsabilidad de los detenidos en Estaciones y URIs en cabeza de Gobierno Distrital, a través del Decreto legislativo 546 de 2020. “Ahora nos tocó a nosotros dar solución, en pocos días, a un problema que lleva más de 20 años”, sostuvo el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero.

Con esta nueva responsabilidad y en la línea de garantizar los DD. HH. de las personas privadas de la libertad en URIs y Estaciones, por el alto hacinamiento, hace una semana el Distrito, tomó la decisión de habilitar el Centro de Traslado por Protección (CTP) para reducir el hacinamiento en la URI de Puente Aranda, que había superado el 100% de su capacidad. Hoy los internos de este sitio gozan de mejores condiciones y atención. Igualmente se sigue trabajando en el arriendo y adecuación de una bodega para reducir también el hacinamiento que hay en las demás Estaciones de Policía y URIs de la ciudad.