La Contraloría pone en alerta sobre los riesgos de proyectos de infraestructura inconclusos en Colombia

¿Cómo se puede mejorar la supervisión y control de los proyectos de infraestructura para evitar retrasos y sobrecostos?
La Contraloría General de la República, a través de su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha emitido una alerta sobre el estado de diversas obras de infraestructura en el país, que afectan sectores cruciales como el agua potable, saneamiento básico y transporte. Estas obras, tanto concesionadas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como administradas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), comprometen la conectividad, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de miles de colombianos.

Resultados de los modelos analíticos y alertas emitidas

Desde abril de 2020, la DIARI ha operado modelos de monitoreo especializados que han identificado riesgos y anomalías en obras públicas, emitiendo 1.647 alertas que involucran recursos por $71.8 billones. En 2024, se emitieron 287 alertas que afectan $6.2 billones. Las principales inconsistencias se relacionan con retrasos significativos en el avance físico, suspensiones prolongadas y discrepancias entre los avances físicos y financieros de los contratos.

https://x.com/CGR_Colombia/status/1861902945937145904

Caminos comunitarios: una ejecución rezagada

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales en 26 departamentos, enfrenta importantes retrasos y dificultades. Hasta el 15 de octubre de 2024, se han terminado obras en 728 de los 2.157 convenios y contratos suscritos, con varias suspensiones y ejecuciones atrasadas, generando impactos negativos en la conectividad rural y los costos de las obras.

Fallas en acueductos y alcantarillados

Con una inversión acumulada de $10.9 billones en proyectos de agua potable y saneamiento básico, el 64% de estas obras ha requerido reformulaciones debido a fallas en los estudios iniciales, lo que ha generado incrementos del 28% en costos y extensiones en los plazos de finalización entre 2 y 5 años. Ejemplos notables incluyen los acueductos de Acandí y Río Quito, detenidos desde 2018.

Puentes en estado crítico

De los 3.856 puentes del inventario nacional, más de 200 están en estado crítico o extremo. A pesar de los esfuerzos del INVÍAS, con la activación del Sistema Inteligente de Gestión de Puentes y la asignación de $42 mil millones para intervenciones, estos recursos solo alcanzan para atender 10 puentes. La falta de pólizas de seguro en el 30% de los puentes agrava la situación.

Impacto económico del Decreto 050 de 2023

El congelamiento de las tarifas de peaje, establecido por el Decreto 050 de 2023, ha generado un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas. En 2023, se generaron obligaciones contractuales por $610.000 millones y se proyecta que en 2024 podrían alcanzar los $440.000 millones, con el riesgo de terminación anticipada de contratos viales privados, lo que representaría un severo impacto fiscal y un retroceso en la conectividad vial del país.

La Contraloría General de la República hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades responsables para fortalecer los lineamientos normativos y técnicos, asignar recursos adecuados, mejorar la supervisión y revisar las políticas tarifarias de peaje para garantizar la funcionalidad y continuidad de las obras de infraestructura en el país.

Juan Joya