Consejo de Estado admite demanda contra resolución que designa gestores de paz: controversia por nombramiento de excombatientes

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la resolución 345 del 30 de agosto de 2024, la cual designa a cuatro personas como gestores de paz del Gobierno de Gustavo Petro. La medida, que tiene como objetivo “contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con las FARC EP”, ha generado fuertes críticas en sectores políticos y sociales.

Entre los gestores de paz designados se encuentra Edgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Leo o Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las FARC en Antioquia. La lista incluye además a Diego Armando Vargas Betancourt, alias ‘Boyaco’; Yenser Yosony Duque, alias ‘Oliver Gonzales’; y María Alejandra Ojedo, quienes fueron capturados en julio pasado en el Nordeste de Antioquia mientras transportaban armas de fuego y dinero en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La demanda, interpuesta por el abogado Santiago Suárez Morales, argumenta que esta resolución “otorga a personas responsables de crímenes atroces un estatus privilegiado que no solo les exime de su responsabilidad penal, sino que también les permite ejercer roles de influencia en un proceso que debería estar orientado hacia la justicia y la reparación de las víctimas”. Para Suárez Morales, la designación de estos gestores de paz vulnera principios constitucionales establecidos en los artículos 1, 2, 13 y 22 de la Constitución Política, así como disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La designación de estos excombatientes no solo ha despertado inquietudes a nivel jurídico, sino que también ha recibido un fuerte rechazo por parte del gobierno de Antioquia, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón. Rendón expresó su preocupación por el efecto que estas decisiones puedan tener en el ánimo de la Fuerza Pública, que ha combatido a estos grupos armados por décadas. “¿Qué moral, qué motivación tendrán nuestros soldados, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, los policías, para combatir el crimen y defender a los colombianos cuando sus verdugos son premiados y nombrados por el presidente como gestores de paz?”, cuestionó el mandatario antioqueño al conocer sobre la resolución.

Este nuevo capítulo en la política de paz del Gobierno Petro se suma a las polémicas que rodean las estrategias de diálogo con actores armados. Ahora, con la demanda admitida por el Consejo de Estado, se abre un proceso judicial que podría poner en tela de juicio la legalidad y los alcances de la resolución que designa a estos gestores de paz.

Humberto ‘Toto’ Torres