La Corte Suprema fue clara y negó la libertad al excongresista del Centro Democrático. El Alto Tribunal fue enfático y respondió a la defensa del acusado, indicando que aún no se han vencido los términos.
Este martes 22 de octubre se conoció que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud realizada por la defensa del exlegislador, quien fue detenido el 15 de diciembre de 2023 y a quien el pasado 11 de abril se le acusó de cometer delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Este hecho está relacionado con uno de los casos de corrupción más mediáticos, el escándalo de “Las Marionetas”. Situación que lo llevó a ser recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra interno hasta la fecha.
La decisión tomada por el máximo tribunal de la jurisdicción, bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, fue “denegar” la petición realizada por la defensa del exsenador. “Es dable concluir que el delito de concierto para delinquir agravado, por el que se procede en contra de Ciro Alejandro Ramírez Cortés, es de competencia de la justicia especializada, por lo cual deberán ser contabilizados 12 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación”, señaló el ente de justicia.
Asimismo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema argumentó que “el término de 12 meses no se ha cumplido, por consiguiente, desde el punto de vista objetivo, la causal descrita en el numeral 5° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 no se ha configurado, por lo que se denegará la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de Ciro Alejandro Ramírez Cortés”.
Recordemos que el abogado y excongresista del Centro Democrático es acusado por su participación en la firma indebida de contratos de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. El hecho en el que también se encuentra involucrado al exdirector del departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre Eugenio García Jacquier. Otros de los que se encuentran envueltos en este caso de corrupción son la exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Katherine Rivera Bohórquez, y el contratista Anderson González, a quienes el año anterior la Fiscalía General les imputó cargos.
Natalya Baquero