El reciente anuncio sobre la disminución del presupuesto asignado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para 2025 generó revuelo en los sectores políticos del país. Según la ponencia del proyecto discutido por las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el presupuesto pasó de 3.2 billones a 732.220 millones de pesos, lo que representa una reducción del 77%. Esta situación encendió las alarmas sobre la viabilidad de cumplir con el calendario electoral, provocando una ola de críticas y preocupación.
Frente a la controversia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró la situación y aseguró que se trató de “una equivocación”. Cristo enfatizó que los recursos destinados a la organización electoral no fueron recortados y que el Gobierno ya tomó medidas para corregir el error.
“En el proyecto original del Gobierno de presupuesto se asignaban 3.2 billones de pesos a la Registraduría. Aquí hubo, podríamos decir, una equivocación en la ponencia de ayer. Ya el ministro de Hacienda tomó el correctivo con una proposición para que quede como estaba en el proyecto original”, explicó el ministro.
Asimismo, Cristo subrayó que el financiamiento para las elecciones no dependerá del Ministerio de Hacienda y rechazó las especulaciones sobre un posible ajuste al calendario electoral. “No se va a depender del Ministerio de Hacienda para el tema de las elecciones. Nunca se le recortó ningún peso. Salen a hacer afirmaciones que, realmente, creo que no le hacen bien a la democracia de este país. Todavía hay quienes insisten en que no va a haber elecciones o en que se va a cambiar el calendario electoral”, afirmó.
La reducción presupuestaria suscitó preocupación entre actores como el registrador Hernán Penagos, quien advirtió sobre los riesgos de la falta de autonomía financiera de las autoridades electorales. “En relación con los riesgos en los procesos electorales, uno de los principales está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Hoy en día, se ha ido perdiendo un poco de esta autonomía, principalmente por un factor: el presupuesto”, señaló Penagos.
La situación también fue criticada por la Misión de Observación Electoral (MOE), que exigió garantías claras para la independencia de la Registraduría en el proceso electoral. Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, manifestó: “Una de las principales garantías para el desarrollo de las elecciones de 2026 es que la Registraduría pueda ejercer su autonomía sin ningún tipo de condicionamiento en la asignación de los recursos indispensables para cumplir con su mandato constitucional”.
El Gobierno, tras aclarar el error, se comprometió a garantizar los recursos necesarios para que las elecciones de 2026 se realicen sin contratiempos, reafirmando la importancia de la autonomía de las autoridades electorales en el proceso democrático.
Sala Digital Colmundo