La empresa Air-e, encargada del suministro de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha lanzado una grave advertencia al Gobierno Nacional sobre la insostenible crisis financiera que enfrenta. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la compañía expuso su preocupante situación financiera derivada de las deudas acumuladas por la prestación del servicio y el incremento desmesurado de los costos de la energía en la bolsa.
De acuerdo con la información confirmada por una fuente del sector eléctrico, Air-e tiene una deuda por cobrar de $1.8 billones. Esta deuda está relacionada con la facturación del servicio, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, recursos esenciales para mantener la operatividad de la empresa y cumplir con sus compromisos financieros.
El problema más crítico que enfrenta Air-e es el aumento exorbitante en los costos de energía en la bolsa. En 2022, la empresa tuvo que asumir costos de $145 mil millones, pero esta cifra se disparó a $876 mil millones en 2023. Solo en septiembre de 2023, los costos de la energía comprada en contratos ascendieron a $176 mil millones, mientras que la adquirida en la bolsa alcanzó $211 mil millones. Este aumento representa un incremento del 1000% en comparación con enero del mismo año, y del 500% en los últimos dos meses, reflejando una escalada insostenible.
Fuentes consultadas han señalado que la situación financiera de Air-e no es un secreto. La compañía, que presta servicios en las mencionadas regiones, había alertado previamente sobre los altos costos de la energía, impulsados por un “mercado desbalanceado y volátil” y un sistema que impide la compra de energía a precios justos. Como resultado, las tarifas del servicio han alcanzado niveles insostenibles tanto para la empresa como para los usuarios, quienes se han quejado de los elevados costos.
La crisis ha llevado a Air-e a solicitar al Gobierno Nacional una administración temporal para garantizar el suministro de electricidad, lo que en términos simples significa la intervención en la gestión administrativa de la empresa. El 30 de agosto, se realizó una reunión urgente entre el presidente Gustavo Petro y los representantes de Air-e, y el 2 de septiembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia también participó en las discusiones para buscar una solución inmediata.
El acuerdo alcanzado estipula que el Gobierno asumirá temporalmente la administración de Air-e, con el objetivo de implementar medidas estructurales que estabilicen el servicio y el mercado eléctrico en la región. A pesar de la crisis, Air-e ha demostrado capacidad de gestión durante los últimos 47 meses de operación y ha logrado avances significativos en la calidad del servicio.
Jaime Lombana, abogado de la empresa, destacó que “la empresa ha sido asfixiada con los precios de la energía en bolsa”, que actualmente superan los 720 pesos por kilovatio/hora. Lombana agregó que los generadores de energía han optado por no vender fuera del mercado de bolsa, buscando una rentabilidad excesiva a costa del usuario. Como resultado, Air-e ha manifestado al Gobierno su incapacidad de seguir soportando la situación.
Según el asesor jurídico de Air-e, los inversionistas de la compañía han registrado pérdidas superiores a los $450 mil millones, cifra certificada y auditada por firmas internacionales. El abogado reiteró que el presidente Gustavo Petro tiene toda la información necesaria y expresó la esperanza de que el Gobierno tome las medidas adecuadas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la región.
Humberto ‘Toto’ Torres