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El Ministerio de Salud y Protección Social respaldó el informe presentado por la Contraloría General de la República, en el que se denuncia el uso inadecuado de $5.4 billones de pesos por parte de varias EPS del país. Según el informe, en el año 2020, dichas entidades emplearon esa suma para saldar facturas correspondientes a años anteriores.
En su informe, la Contraloría reveló que las EPS destinaron recursos de la UPC para cubrir servicios de salud de periodos anteriores, a pesar de que dichos fondos tienen una destinación específica y no pueden ser utilizados para otros propósitos que no estén contemplados en la Constitución y la Ley.
Ante esta situación, el Gobierno interpuso una demanda contra las EPS involucradas, señalando que estas entidades no cumplieron con su deber y pusieron en riesgo la estabilidad en la prestación de los servicios.
La demanda fue admitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Tal acción legal está sustentada en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cuestionó que “si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”, lo que a su vez “constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
Asimismo, en el más reciente comunicado del Ministerio de Salud se señala que “la gestión adecuada de las reservas técnicas es crucial porque impide que los recursos públicos con destinación específica, recibidos en una vigencia determinada, se utilicen para hacer pagos de vigencias pasadas. En su lugar, estos pagos deben realizarse con las reservas que debieron ser resguardadas en el momento en que se generaron los costos”.
Para el Ministerio de Salud, hay diferentes normas a través de las cuales se garantiza el pago de servicios de salud a los prestadores de los mismos, sin que exista una prohibición específica para que se garantice el pago a los prestadores de los servicios.
Por su parte, Julián Niño, contralor delegado para la Salud, señaló que los recursos de UPC destinados a pagar facturas de 2020 son precisamente para gastos correspondientes a ese año. No hacerlo constituye una irregularidad.
Paola Martínez Burgos
