En la Casa de Nariño se llevó a cabo la primera sesión de la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, una iniciativa creada mediante directiva presidencial por el presidente Gustavo Petro. El encuentro fue liderado por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quienes ratificaron el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
La funcionaria subrayó que “el compromiso del presidente está en combatir la corrupción”, y enfatizó la necesidad de garantizar mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial.
Durante la sesión, se revisó y discutió el reglamento interno de la mesa, el cual se espera que sea aprobado en la próxima reunión por todos sus miembros. Asimismo, se trataron las temáticas prioritarias que la mesa abordará, con el fin de construir un plan de trabajo que articule acciones gubernamentales para combatir la impunidad en casos de corrupción. Este plan también incluirá propuestas para prevenir, detectar, investigar y sancionar dichas conductas.
Además la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un informe sobre los avances en el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2024, destacando su acompañamiento a las entidades públicas en su defensa como víctimas de hechos de corrupción.
Por su parte, Idárraga destacó la importancia de la colaboración entre todas las entidades nacionales en la lucha contra la corrupción. Como parte de este esfuerzo, se solicitará a más de 236 entidades del orden nacional, bajo la dependencia del presidente Gustavo Petro, que en un plazo máximo de 10 días informen sobre cualquier alerta o hallazgo relacionado con corrupción en los últimos seis años. Esta medida busca recabar información clave sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos a nivel nacional.
Adicionalmente, se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública un diagnóstico sobre el cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todas las entidades.
Se emitirán directrices claras para asegurar que todos los funcionarios cumplan con estos requisitos, reforzando así los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Paola Martínez Burgos