Defensoría del Pueblo insta al Gobierno a atender brote de paludismo tras fin del paro armado del ELN en el Chocó

En medio del fin del paro armado de la guerrilla del ELN en la subregión del San Juan (Chocó), la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que implemente medidas de atención en salud frente a un alarmante brote de paludismo que afecta gravemente a la comunidad indígena La Lerma, en el municipio del Medio San Juan.

Según la entidad, aproximadamente 600 personas han presentado síntomas de paludismo en La Lerma. De las 200 pruebas que han sido realizadas durante las últimas semanas, 160 han dado positivo. A pesar de la gravedad de la situación, los diagnosticados no han tenido acceso a medicamentos ni a atención médica debido al paro armado que se prolongó durante ocho días.

“La situación de salud en esta comunidad es crítica. Es fundamental que las instituciones de salud se coordinen para realizar jornadas de atención inmediata, a fin de evitar que el brote de paludismo se agrave”, señaló la Defensoría en un comunicado.

El paludismo, que puede manifestarse con síntomas leves como fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, puede escalar a complicaciones graves, incluyendo dificultad respiratoria y convulsiones, y en casos extremos, puede ser mortal, especialmente en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas vulnerables a infecciones agudas.

Desabastecimiento por el paro armado

El paro armado del ELN no solo dejó efectos devastadores en la salud de la población, sino que también impactó la economía local, provocando un desabastecimiento de combustible en varios municipios del San Juan, lo que ha afectado el transporte fluvial de alimentos y enseres. Alrededor de 45.000 personas en municipios como Nóvita, Istmina, Sipí, El Litoral del San Juan y el Medio San Juan sufren la ausencia de productos básicos.

“La seguridad alimentaria en la región está en riesgo y debe ser una prioridad para las autoridades. El abastecimiento de productos esenciales no puede seguir siendo interrumpido por las acciones de los grupos armados”, expresó la Defensoría del Pueblo.

Temor y restricciones a la movilidad

A pesar del cese del paro armado, persiste el temor entre los habitantes de movilizarse por ríos y carreteras, debido a las amenazas latentes de los grupos armados. Las comunidades afro e indígenas, confinadas por su seguridad, ven su derecho a la libre movilidad gravemente restringido.

El miedo a las minas antipersonal sembradas por los grupos armados en las zonas rurales es otro factor que paraliza la movilidad. Los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que se disputan el control del territorio, continúan generando un ambiente de inseguridad para los civiles.

“La situación en la subregión del San Juan es insostenible. Instamos a los grupos armados a detener todas las acciones que vulneren los derechos de la población civil. Las comunidades necesitan poder retomar sus vidas con normalidad y sin miedo”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su llamado al respeto por los derechos humanos en la zona.

Sala Digital Colmundo