Paro armado del ELN mantiene a 50.000 personas confinadas en el Chocó: Defensoría del Pueblo lanza llamado urgente al Gobierno

El paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la subregión del San Juan, en el Chocó, ha generado una situación crítica que mantiene a unas 50.000 personas confinadas en sus comunidades. Según la Defensoría del Pueblo, son 85 comunidades étnicas de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan las que están siendo afectadas por esta medida, lo que vulnera gravemente sus derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales.

El confinamiento impuesto por el ELN limita severamente el acceso a servicios esenciales como la alimentación, salud y educación, empeorando la ya precaria situación que enfrenta esta subregión. La Defensoría del Pueblo, ante esta grave situación, ha exhortado de manera apremiante a las instancias estatales competentes a implementar acciones urgentes de prevención y protección para garantizar los derechos de la población en riesgo.

La situación se agrava aún más debido a la confrontación entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que disputan el control territorial en la región. Esta confrontación afecta directamente a las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, y varias otras en la región.

Los hechos han expuesto a la población a graves riesgos, incluyendo eventos de confinamiento, restricciones a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos, y desplazamiento forzado. Además, el acceso a servicios esenciales se ha visto limitado, y las recientes inundaciones del río San Juan han agravado la emergencia humanitaria en la zona.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo ha recordado la importancia de atender las recomendaciones formuladas en las Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan, particularmente las Alertas 020 y 025 del 2021, 027 del 2021, y 012 del 2022, actualizadas con Informes de Seguimiento. Durante el 2023, se registraron seis paros armados en el departamento, y en lo que va del 2024, ya son dos los contabilizados.

La Defensoría del Pueblo ha estado acompañando a las comunidades afectadas y realizando seguimiento a la situación humanitaria a través de su Regional Chocó. Desde julio pasado, la entidad ha realizado requerimientos a las autoridades competentes, solicitando la implementación inmediata de medidas perentorias de prevención y protección para las comunidades en riesgo.

La situación en el Chocó requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado, para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales en medio de esta crisis humanitaria.

Humberto ‘Toto’ Torres