Ministro de Hacienda reacciona a las acusaciones de la Fiscalía por escándalo UNGRD

De acuerdo con el ente acusador, el funcionario habría coordinado el direccionamiento de contratos en Gestión del Riesgo.

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento adelantada este 25 de julio contra los responsables del desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la fiscal delegada, Andrea Muñoz, reveló la implicación de varias personas, incluyendo al actual director del Departamento de Función Pública, César Manrique; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a su exasesora, María Alejandra Benavides; al actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; y a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Todas estas acusaciones se dan en el escándalo de la UNGRD.

La funcionaria judicial sostuvo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desempeñó un papel determinante en la asignación de contratos de la UNGRD a congresistas de las comisiones terceras, relacionadas con el presupuesto.

“Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro Bonilla, la asignación de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los que estaban indebidamente interesados los senadores y representantes Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, siguiendo las instrucciones del ministro Ricardo Bonilla”, afirmó la fiscal Muñoz.

Ante las acusaciones, el ministro de Hacienda se defendió afirmando: “Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia, porque mis actos se defienden solos. Los mecanismos de la hacienda pública y su trámite en el Estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir”.

“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”.

Además, en su pronunciamiento publicado en su cuenta de X, afirmó que: “El Ministro y su despacho han cumplido con sus funciones y por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios. Cuando esto se haga, estoy seguro de que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”.

 JUAN JOYA