Colombia, Brasil y Perú se unen en Leticia para combatir la trata de personas

Con el propósito de combatir el delito de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, delegaciones de Colombia, Brasil y Perú se reunirán en Leticia hoy y mañana para reactivar la Mesa de la Triple Frontera Amazónica, que contará con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC).

El encuentro es liderado por los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Renacer, en el marco de la Alianza de Cooperación Internacional para la Protección de la Niñez (CPC).

Inactiva desde 2019, el Gobierno Nacional busca reactivar su acción para ofrecer una respuesta coordinada entre las autoridades de los tres países y poner en marcha un plan de acción para proteger los derechos humanos en la región.

El evento, denominado ‘La Amazonía unida: Colombia, Brasil, Perú: Contra la Trata de Personas’, tendrá lugar en Leticia (Amazonas). Contará con el apoyo de la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia.

Se espera que este encuentro tripartito reactive la coordinación necesaria entre autoridades nacionales, regionales y locales de los tres países para avanzar en la prevención, atención, judicialización y persecución de estos delitos.

Al encuentro asistirán autoridades de Colombia, Brasil y Perú encargadas de definir acciones contra la trata de personas y la explotación sexual, delitos que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas. También participarán representantes de las comunidades indígenas Ticuna, Cocama y Yagua, quienes han trabajado en la protección de la vida, libertad y dignidad humana dentro de sus comunidades.

Cabe destacar que desde hace varios años, estas comunidades indígenas lideran un diálogo intercultural para unirse a la lucha contra la vulneración de derechos humanos. A través de sus instancias de representación y su jurisdicción especial indígena, han sancionado estos delitos, categorizándolos como gravísimos en sus planes de vida y reglamentos internos.

Paola Andrea Martínez Burgos