La salida desordenada de venezolanos pone en riesgo al país: Migración Colombia

Migración Colombia hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que acaten la medida de aislamiento obligatorio y en caso de requerir retornar a su país, coordinen estos procedimientos con las alcaldías locales, so pena de la imposición de sanciones administrativas y penales, en caso de su incumplimiento.

La autoridad migratoria colombiana recordó que actualmente, tal y como lo ordenó el señor Presidente de la República y está estipulado en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y las administraciones locales, todo el país se encuentra en un periodo de aislamiento obligatorio, el cual restringe la movilidad de ciudadanos nacionales y extranjeros, incluidos los venezolanos, no solo dentro de las ciudades, sino también por carretera.

Esta medida busca evitar la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional.

En ese orden de ideas y entendiendo la situación que se ha presentado con algunos migrantes venezolanos que de manera voluntaria han manifestado su deseo de salir del país, el Gobierno Nacional ha coordinado con las alcaldías y gobernaciones, unos procedimientos excepcionales para realizar el paso de personas hacia Venezuela de una manera controlada, buscando que los mismos no representen un riesgo en materia sanitaria para las comunidades.

Estos procedimientos, aclaró Migración Colombia, están sujetos a la disponibilidad diaria que tenga Venezuela para la recepción de sus connacionales, la cual, a la fecha, está fijada en 200 personas por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, Norte de Santander y 100 personas por el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca. 

Frente la salida de buses de servicio especial contratados por ciudadanos venezolanos, Migración Colombia informó que en caso de que los mismos hayan iniciado el recorrido sin ningún tipo de coordinación o autorización por parte de la alcaldía, serán inmovilizados hasta que haya disponibilidad para su tránsito en frontera y sus ocupantes serán sujetos de una sanción administrativa, que incluso podría llegar a la imposición de una medida de deportación o expulsión, la cual les impedirá ingresar a Colombia por varios años, así como acceder a beneficios migratorios como el PEP.