El proyecto, que fue financiado con decenas de miles de millones de pesos, registra avances mínimos y ajustes cuantiosos.
En las últimas horas, el organismo de control dio a conocer que inició una investigación formal contra Arnulfo Gasca Trujillo, exgobernador de Caquetá (2020-2023), por su presunta responsabilidad en las irregularidades del proyecto Laboratorio Covid para ese departamento. Esta obra fue financiada con $21.200 millones provenientes del Sistema General de Regalías.
En la investigación se vinculó a Alex Alberto Calvache Mena, representante del consorcio encargado de la interventoría, y María Eugenia López Camacho, subgerente administrativa de la ESE Rafael Tovar, entidad que contrató a la cuestionada interventoría.
De acuerdo con la indagación a cargo de la Procuraduría, la situación del proyecto, a pesar de haber sido aprobado en mayo de 2020 con un plazo de ejecución de un año, evidenció diversas deficiencias en la formulación y ejecución del mismo. Esto ha tenido como consecuencia que a la fecha el proyecto presente un avance de apenas 55% y un avance financiero del 64%, sumado a ajustes presupuestales cercanos a los $3.900 millones.
Como parte de la investigación, la Procuraduría tiene en su poder copias del documento técnico del proyecto de inversión, el cronograma de actividades físicas y financieras presentado y aprobado por las diferentes entidades responsables con sus respectivos soportes.
También, el ente de control dispone del cuadro de precios y costos de los materiales proyectados y una certificación presentada por la administración departamental en la que consta que estos correspondían al promedio de la región, entre otras pruebas.
En ese sentido, la autoridad ha requerido las copias de las licencias ambientales y de construcción, certificación de uso del suelo y la certificación de la cuenta maestra en la que fueron depositados los recursos del proyecto.
La investigación avanza en la recolección de pruebas y el análisis detallado de los documentos para determinar las responsabilidades y así confirmar las posibles sanciones a los involucrados en esta polémica, que pone en duda la gestión de recursos destinados a la lucha contra la pandemia en esa zona del país.
JUAN JOYA