Gobierno solicita al Senado acelerar el debate de Ley Ordinaria para activar Jurisdicción Agraria

La entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural depende de la aprobación de la Ley Ordinaria, cuyo proyecto aún está pendiente de debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Aunque la Ley Estatutaria, que crea juzgados y tribunales especializados en asuntos agrarios y rurales, está a punto de culminar su etapa de conciliación, esta por sí sola no habilita el funcionamiento de la Jurisdicción.

La Ley Estatutaria introduce importantes estructuras como los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos con equipos interdisciplinarios, y la figura de facilitadores agrarios y rurales para orientar a los usuarios en trámites judiciales. Sin embargo, para que estas estructuras funcionen se requiere la Ley Ordinaria, que sistematiza los principios del derecho agrario, define procedimientos especiales para resolver conflictos de tenencia de tierras y de relaciones de producción agraria, y establece claramente las competencias de jueces y tribunales agrarios, así como de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Esta ley también incorpora modificaciones sugeridas por la Corte Suprema, como la ampliación de las causales de casación y la incorporación de normas del derecho civil como criterio subsidiario para la toma de decisiones, asegurando una justicia rápida y accesible en el ámbito rural.

El Gobierno resalta la importancia de que la Jurisdicción Agraria abarque tanto los conflictos de tenencia de tierras como aquellos derivados de las relaciones de producción agraria. El procedimiento propuesto es ágil y garantiza equidad, especialmente para quienes no pueden soportar procesos judiciales largos y costosos. En este contexto, los jueces agrarios deben tener la capacidad de corregir errores en la demanda, tomar decisiones anticipadas, moverse por el territorio para recolectar pruebas y promover la oralidad en los procedimientos, asegurando así decisiones justas y eficientes.

Los ministerios de Justicia y de Agricultura están colaborando estrechamente con el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar que todo el territorio nacional esté cubierto por jueces agrarios. Se están considerando criterios como la densidad de población rural, los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y la presencia de territorialidades campesinas y étnicas para determinar la distribución de los juzgados.

La implementación de la Jurisdicción Agraria es esencial para eliminar las barreras de acceso a la justicia que han afectado históricamente a las comunidades rurales. Resolver conflictos de manera institucional y justa representa una oportunidad crucial para fortalecer la justicia y la presencia del Estado en el campo colombiano.