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La Fiscalía General de la Nación logró desarticular una red ilegal que se encargaba de tramitar documentación como cédulas y pasaportes falsos a inmigrantes venezolanos y dominicanos para que pudieran ingresar a Estados Unidos.
Tras una minuciosa investigación, la entidad pudo capturar a los integrantes de esta banda criminal que estaba operando desde el año 2021, donde una mujer identificada como Diana Vanessa Janne Gamarra y un extranjero, eran los líderes del grupo, en el que junto a varios familiares y personas de su círculo cercano, al parecer, “ubicaban extranjeros en condición de irregularidad para proporcionarles transporte, alojamiento y acceso a cédulas y pasaportes que los acreditaran como colombianos por los que debían pagar sumas de entre 2.000 y 4.000 dólares”, señaló la delegada contra la Criminalidad Organizada.
Asimismo, el ente fiscal evidenció que presuntamente funcionarios de la Registraduría y la Cancillería estarían también involucrados en el caso, quienes al parecer recibían sobornos para poder tramitar los documentos que eran entregados a extranjeros.
La Fiscalía tiene en su poder información que señala que existen al menos 73 trámites irregulares, y en uno de estos habrían sido diligenciada documentación para 53 personas.
“Análisis en bases de datos permitieron advertir centenares de giros nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos que eran remitidos a nombre de integrantes de la organización delincuencial”, añade el ente acusador.
En este sentido, la Dijin de la Policía Nacional capturó a los responsables durante los operativos que se llevaron a cabo en Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar y Sucre.
Debido a la indagación realizada, ahora la Registraduría deberá anular 344 cédulas originales colombianas que fueron tramitadas con información falsa, mientras que la Cancillería advirtió sobre al menos 304 pasaportes expedidos de manera irregular.
Finalmente, los procesados fueron imputados por los siguientes delitos: concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En total son 18 personas, quienes aceptaron parcial o totalmente su responsabilidad en los cargos atribuidos.
“Por disposición de un juez de control de garantías una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario; 24 afectadas con detención domiciliaria y 6 más continúan vinculadas a la investigación”, indicó la Fiscalía.
Dayineth Molina Velásquez
