La advertencia es hecha por el defensor del Pueblo, luego de que un equipo de funcionarios de la entidad, en su vigilancia e inspección permanente para contribuir a la garantía de derechos, corroboró que un número importante de viviendas reconstruidas presenta fallas en el sistema de vertidos.
Carlos Camargo Assis exhorta a las entidades nacionales y locales a implementar las medidas apropiadas para que sea solucionado, con prontitud, lo que está ocurriendo, máxime que derechos colectivos de los pobladores de las islas están siendo transgredidos.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger los derechos colectivos, incluidos el del acceso a un ambiente sano y el de la salud pública, continúa vigilando minuciosamente el proceso de reconstrucción en las islas Providencia y Santa Catalina, tras el devastador paso del huracán Iota, que tuvo lugar en noviembre de 2020.
“Durante diversas visitas a las zonas afectadas, nuestros funcionarios confirmaron la persistencia de problemas asociados a los vertimientos de aguas residuales domésticas”, remarca el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La compleja situación fue corroborada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), cuyos informes técnicos han señalado deficiencias en los sistemas de vertimientos.
En el más reciente seguimiento de Coralina, la Corporación inspeccionó unas 235 viviendas reconstruidas, mayoritariamente de los tipos T2 y T4, y encontró que 58 de ellas están en una situación crítica en lo que atañe al tratamiento de aguas residuales.
“Desde nuestra labor de seguimiento alertamos posibles incumplimientos de las responsabilidades gubernamentales y las órdenes judiciales, especialmente la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual les ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Ministerio de Vivienda y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina solucionar de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente”, asegura el Defensor del Pueblo.
Los hallazgos destacan la necesidad de una intervención inmediata, con la finalidad de prevenir la evidente vulneración de derechos colectivos. “Instamos a las entidades nacionales y locales a implementar las medidas necesarias, y con prontitud, para que sea garantizado el correcto funcionamiento del sistema de vertidos, en aras de proteger tanto la salud pública en las islas como el medioambiente”, es el llamado de Carlos Camargo Assis.
Es importante resaltar que la acumulación de aguas residuales en las proximidades de las viviendas puede generar condiciones insalubres, dado que contienen una variedad de elementos contaminantes, lo cual aumenta el riesgo de problemas de salud y agrava las deficiencias en saneamiento básico, contribuyendo a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.
“Instamos a que se evalúen las alternativas para las viviendas que carecen actualmente de un sistema de tratamiento de agua residual, así como a impulsar proyectos destinados a obtener los recursos necesarios para su implementación”, remarcó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Sala digital Colmundo