Con un contundente respaldo y consensos de los partidos políticos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley estatutaria de educación, un hito que marca un nuevo capítulo para el sistema educativo en Colombia. El articulado aprobado continuará su trámite en la Comisión Sexta del Senado de la República.
“Hoy se dio un paso fundamental para construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de calidad para todas y todos los colombianos. Agradecemos a las y los representantes de la Cámara por sus valiosos aportes que han contribuido a enriquecer la ley estatutaria de educación. El proyecto fue aprobado en un ambiente de respeto por las diferencias, donde ha primado el bien común y los consensos en torno al presente y futuro de la educación en Colombia”, afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
Esta iniciativa pasa al Senado con 47 artículos, entre los que se destacan la ampliación de la educación inicial en los grados de prejardín y jardín, la obligatoriedad de la educación media (grados 10.° y 11.°), y el reconocimiento de la educación superior como derecho fundamental.
En este último debate se aprobaron y votaron seis artículos que buscan reafirmar la connotación de derecho fundamental de la educación en todos los niveles (educación inicial, básica, media y superior), lo cual no excluye su carácter de servicio público.
De igual manera, la Cámara de Representantes respaldó los artículos que garantizan el derecho fundamental a la educación para personas con discapacidad, cuidadores, padres y madres de hogar y gestantes, priorizando un enfoque diferencial para su acceso, permanencia y graduación dentro del sistema educativo. Por otra parte, con el propósito de ratificar los compromisos que surgieron del Acuerdo de Paz, también se incluyen a las personas reincorporadas y en proceso de reincorporación.
La ministra de Educación destacó que treinta años después, este proyecto de ley cumple la exigencia del artículo 9 de la Ley 115 de 1994, en donde se establece que el desarrollo del derecho a la educación se regirá por una ley especial de carácter estatutario. “Con este proyecto de ley buscamos una regulación de rango constitucional que logre ser un punto de acuerdo nacional, en donde el sistema educativo deje de ser el determinante de un apartheid social de inequidades y se transforme en el principal factor de movilidad y justicia social del país”, afirmó.
“Desde la REDTTU, que agrupa 33 instituciones de educación superior públicas con oferta académica en formación técnica, profesional y tecnológica de instituciones universitarias, vemos con muy buenos ojos que el proyecto de ley estatutaria haya sido aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes porque es una oportunidad para reforzar el mensaje de que la educación superior no debe ser un privilegio, sino una oportunidad para todos los habitantes del territorio nacional en términos de acceso, permanencia y calidad”, afirmó Gabriel Rueda, director ejecutivo de la REDTTU.
“Hay consenso en que la mejor inversión que podemos hacer como sociedad es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para estas y las futuras generaciones de colombianos y colombianas”, dijo Luis Fernando Correa, director de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA).
“Al ser la educación un derecho fundamental, no solo se garantizan trayectorias educativas completas, sino que se avanza hacia las inversiones necesarias en infraestructura, recurso humano y tecnológico para que se brinde sin interrupciones, sin barreras y sin limitaciones en todo el país”, aseguró Juana Yunis, directora ejecutiva del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz).
“Desde el Icetex promovemos la educación como derecho fundamental, la universalización progresiva y el cierre de brechas de acceso a la educación en los territorios rurales y aislados. De igual forma, celebramos que la educación ciudadana y para la paz sea un pilar en esta iniciativa. Unidos podemos construir un futuro inclusivo para todos”, afirmó Patricia Abadía, directora del Icetex.
“Desde la Fundación Empresarios por la Educación, agradecemos la invitación que nos hizo el Ministerio de Educación Nacional a los diferentes actores del sector para participar en las conversaciones alrededor de la propuesta de ley estatutaria. Esta ley requiere que se sigan tejiendo conversaciones entre diversos actores públicos y privados donde nos una lo fundamental, el bienestar, los aprendizajes y el progreso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todos los territorios del país”, dijo Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE).
“Promover el derecho a la educación debería ser una prioridad del Estado. Es indispensable incorporar un enfoque territorial que responda a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y que permita el fortalecimiento del tejido social y la construcción de la paz, con un foco especial en los contextos de inequidad y conflicto”, sostuvo Annabell Carrera, directora nacional financiera y administrativa de Save the Children.
“La postura institucional del INSOR es reconocer a las diferentes comunidades, sus luchas y procesos en términos de garantizar completamente sus trayectorias educativas, particularmente en lo relacionado con la accesibilidad, calidad, pertinencia y disponibilidad del servicio, logrando así que la población sorda goce efectivamente del derecho a la educación en nuestro país, en espacios donde se fomente la apropiación y uso de la lengua de señas”, aseguró Geovani Andrés Meléndres, director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR).
“Este proyecto se encuentra a la vanguardia al responder a las necesidades de Colombia y el mundo de promover la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual y las plataformas digitales en la enseñanza, buscando mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación mediante herramientas innovadoras. Es relevante destacar el énfasis dado a la promoción de la investigación educativa, con el objetivo de generar conocimiento sobre metodologías pedagógicas efectivas y adaptadas a la realidad colombiana”, dijo Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
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