El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado luz verde para el estudio de una demanda millonaria presentada por la firma Thomas Greg & Sons en contra de la Cancillería colombiana. La demanda asciende a la impresionante cifra de $117.000 millones y está relacionada con la resolución que declaró desierta la licitación de pasaportes en 2023.
La decisión de admitir la demanda fue tomada por la magistrada ponente Bertha Lucy Ceballos Posada, quien otorgó un plazo de diez días a Thomas Greg para subsanar los errores de forma en la demanda y especificar las pretensiones ante los magistrados.
La firma demandante busca la determinación de la nulidad del acto administrativo que declaró desierto el proceso de licitación, con el consecuente restablecimiento del derecho. Además, en caso de que la Cancillería no acceda a revocar directamente la decisión, se pide que se declare la nulidad de la resolución que lo resuelva.
Esta demanda resurge tras la decisión de la Cancillería a fines de marzo de revocar la resolución 1396 de 2024, emitida por el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el 26 de febrero de este año, en la que se adjudicaba el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
“La demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 161 y 162 del C.P.A.C.A. Los actos administrativos que han perdido fuerza ejecutoria son susceptibles de control judicial”, indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad y la importancia de los procesos legales en el ámbito administrativo y económico del país, así como la necesidad de una revisión cuidadosa y justa de los actos administrativos.
Sala digital Colmundo