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La ANDJE pide a la Fiscalía investigar a José Antonio Salazar.
El director (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, Jhon Jairo Camargo Motta, denunció ante la Fiscalía al exsecretario general de Cancillería, José Antonio Salazar, por adjudicar a Thomas Greg la licitación de los pasaportes. El exfuncionario es señalado por los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
A través de un escrito de 19 páginas, la ANDJE sostuvo que: “el exsecretario Salazar procedió de manera inconsulta y contrario a las instrucciones que habían sido emitidas por su superior, de forma manifiestamente contraria a derecho, contradiciendo la realidad y abusando de la función pública atribuida legalmente a su superior jerárquico, al emitir tres (3) actos administrativos con los cuales se ha pretendido beneficiar a un proponente específico dentro de un proceso de licitación ya finalizado”.
La denuncia contra Salazar se radicó, a pesar de que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo le había encomendado la dirección de la licitación y todos los actos relacionados con este proceso. Sin embargo, establece que el exsecretario mintió y en ningún momento Murillo le habría delegado la tarea de entregar el millonario contrato de los pasaportes a la firma Thomas & Greg el pasado 22 de febrero.
Ante esta acción, el hoy destituido secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, expresó: “Sí, por supuesto, que como ciudadano es mi deber, estoy listo, pero lo extraño de la denuncia es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya había sentado su posición institucional cuando estuvo a cargo de la doctora Martha Lucía Zamora”.
Salazar se refiere a que la ANDJE previamente, bajo la dirección de Martha Lucía Zamora, habría sentado su posición jurídica y conceptuó que debía adjudicarse el contrato de los pasaportes a Thomas Greg.
En la denuncia, Motta cuestionó las acciones del exsecretario de la cancillería, indicando que este desautorizó una resolución firmada por el suspendido canciller Álvaro Leyva, la cual suspendió la primera licitación y declaró la urgencia manifiesta.
De acuerdo con el documento, Salazar consideró la solicitud de Leyva como improcedente y optó por resolver el asunto basándose en un deber oficioso, considerando que los actos administrativos de su superior jerárquico eran contrarios a la ley.
La ANDJE señaló que Salazar no tenía la autoridad para revocar la resolución de su superior, ya que esta había sido emitida con anterioridad y había quedado firme cuatro meses atrás.
Juan Joya
