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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha lanzado una cruzada contra la corrupción, denunciando una serie de irregularidades dentro de la entidad que comprometen la adecuada atención a la niñez colombiana.
Según revelaciones de la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, se han identificado 220 contratos en manos de 59 operadores, todos con el mismo representante legal y dirección de domicilio, así como características similares en el formato de constitución. Además, se han detectado errores en el objeto y alcance de dichos contratos.
En una colaboración entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, se ha encontrado que algunos registros de personal en nóminas reportadas al instituto presentan valores superiores a los pagados a los colaboradores reales. Asimismo, se han descubierto proyectos que han sido ejecutados en lapsos menores para evitar pagos a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.
La directora general del ICBF ha sido categórica al señalar que se han dejado de contratar operadores con altos índices de muertes de niños asociadas a la desnutrición, así como organizaciones con vínculos políticos, promoviendo un mayor control por parte de la veeduría ciudadana.
Estas medidas responden al llamado del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de frenar la corrupción que afecta a la niñez colombiana. Petro ha subrayado la responsabilidad del ICBF en la correcta administración de los recursos destinados a la primera infancia.
El ICBF ha anunciado la implementación de un nuevo modelo de contratación que prioriza a las organizaciones de base comunitaria como aliadas para garantizar los derechos de los niños y niñas. Casi la mitad de estas organizaciones aliadas pertenecen a comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal, fortaleciendo así procesos de contratación democráticos y contribuyendo a la justicia social.
Hasta la fecha, 786 organizaciones de base comunitaria han sido seleccionadas para atender a la niñez en Colombia, incluyendo 67 de grupos étnicos como Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas, así como poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Esto representa un esfuerzo significativo para minimizar la tercerización en la contratación estatal y fortalecer lo público.
El ICBF está comprometido con fortalecer la atención integral a la primera infancia mediante un nuevo modelo de contratación que mejore las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia, bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha dejado claro a sus aliados que la contratación con el instituto es una responsabilidad, no un negocio, y que los niños y niñas son vidas, no simples cupos.
Humberto ´Toto’ Torres
