El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha desarrollado un plan de contingencia para reducir las capacidades de detención, liberando así a miles de migrantes irregulares aprehendidos y puestos en centros de detención hasta esclarecer su estatus migratorio. Según una fuente informada sobre las propuestas, esta medida surge en un momento de grave déficit presupuestario, con una solicitud de fondos suplementarios de la Casa Blanca que se encuentra estancada en el Congreso.
El Departamento de Seguridad Nacional ha enfrentado un aumento sin precedentes de inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México, el último año, agotando recursos y fondos federales. Esto ha llevado a la solicitud de la Casa Blanca de $14.000 millones para financiar la seguridad fronteriza, incluyendo $7.600 millones destinados al ICE. A pesar de los repetidos llamados del presidente Joe Biden al Congreso para obtener más recursos, ha culpado a los republicanos por no tomar medidas adicionales.
Esto significa que la liberación de los migrantes no les garantiza un “pase automático” a la ciudadanía, como han sugerido algunos analistas; más bien se trataría de un proceso legal que tendrían que sortear los implicados pero en libertad condicional. Eso exime un posible “estatus permanente” a los migrantes.
Por otra parte, surge una preocupación adicional, ya que en Nueva York, la Guardia Nacional, que estaba destinada a proteger a migrantes, enfrenta acusaciones de explotación sexual por parte de algunos de sus agentes, según una demanda.
Este martes, el presidente Joe Biden dijo a través de un comunicado: “Renunciar a soluciones reales justo cuando más se necesitan para hacer juegos políticos no es lo que el pueblo estadounidense espera de sus líderes. El Congreso tiene que actuar para darme a mí, al secretario Mayorkas y a mi administración las herramientas y los recursos necesarios para hacer frente a la situación en la frontera”, señalando a los republicanos por haber aprobado en la Cámara de Representantes un juicio político a Alejandro Mayorkas.
De acuerdo con The Washington Post, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la división encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración, ha experimentado históricamente una falta de fondos y actualmente enfrenta un déficit de US$ 700 millones. Esto ha generado debates que contemplan la reducción del espacio de detención, siendo los centros de detención y los vuelos de deportación dos de las partidas presupuestarias más costosas para el ICE.
En años recientes, el ICE ha colaborado con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras en su labor fronteriza, dado que este organismo también enfrenta desafíos abrumadores. En situaciones previas de déficit presupuestario, el ICE ha debido redistribuir fondos internamente, solicitar reprogramaciones o recurrir a fondos suplementarios.
Estos recursos, en su mayoría, provienen de organismos no vinculados directamente a la inmigración, tales como la Guardia Costera o la Administración de Seguridad en el Transporte, entre otros. La agencia se encarga de detener a inmigrantes con antecedentes penales, preparándolos para su expulsión, así como a aquellos sujetos a detención obligatoria.
Paola Martínez Burgos