Gobierno Nacional dejó clara su posición sobre exigencias de la banda criminal La Inmaculada

Después de los atentados terroristas en Tuluá el 10 de febrero, que dejaron dos fallecidos y cuatro heridos, la banda criminal conocida como “La Inmaculada” solicitó al Gobierno Nacional su inclusión en la política de Paz Total para resolver el conflicto, argumentando su presencia a nivel nacional.

En respuesta, el Ejecutivo, representado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó la posición del Estado ante esta petición, generando controversia, especialmente tras los actos violentos en el municipio que también ocasionaron un paro de actividades en el INPEC debido a las amenazas a sus empleados.

En el comunicado difundido por la banda criminal en Tuluá y en las redes sociales, se instaba al Gobierno a entablar negociaciones para poner fin a las acciones bélicas, buscando un tratamiento similar al otorgado al ELN o al Estado Mayor Central, con los cuales se lleva a cabo un proceso de paz.

Es relevante señalar que miembros de “Los Magos”, un grupo criminal vinculado a “La Inmaculada” en Tuluá, Valle del Cauca, están amenazando a periodistas locales para que difundan sus demandas. Hecho que fue denunciado por El País de Cali, quienes recolectaron los testimonios de algunos periodistas que han sido amenazados por el grupo criminal y revelaron cómo operaban.

Esta banda criminal insistió en que, debido a su presencia en el país, el Gobierno de Petro debería iniciar un proceso de paz con el fin de poner fin a los actos terroristas: “Una vez más les decimos solo queremos ser escuchados y reconocidos como parte del conflicto, pues no solamente con los grupos guerrilleros se encontrará la paz”.

Se debe recordar que el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de “La Inmaculada” después de los eventos del 10 de febrero, declarando que no cederá a “chantajes” y que los líderes de la banda continuarán cumpliendo condena en los centros penitenciarios.

Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático al afirmar que, por el momento, no se contempla una negociación con “La Inmaculada” debido a los ataques contra la fuerza pública y la población, dejando la decisión en manos del Alto Comisionado para la Paz.

“No existe ahora una conversación con los jefes de esa organización criminal. Precisamente, es lo que han venido reclamando en sus diversos comunicados. Pero, en todo caso, esta, que es una decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no puede incidir en las acciones que se continúan desarrollando la fuerza pública”, indicó.

Velásquez explicó que no es posible abordar negociaciones con la banda criminal de la misma manera que con los grupos guerrilleros activos en el país; en cambio, sugiere un proceso en el que los individuos de dicha banda se sometan a la justicia para rendir cuentas por sus delitos.

En respuesta a la postura del presidente Gustavo Petro después de los actos terroristas, “La Inmaculada” hizo alusión a una publicación del mandatario el domingo 11 de febrero, indicando que no cederían ante “chantajes” con ataques a la fuerza pública y la ciudadanía. Además, responsabilizan al alcalde Vélez de cerrar negocios antes de los acontecimientos.

Concluyendo el comunicado, la banda envió un mensaje al INPEC, solicitando ser escuchados y anunciando la suspensión de sus acciones en concordancia con el paro nacional convocado por Óscar Robayo, con la esperanza de encontrar así una solución.

Por otra parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó su esperanza de que el Gobierno refuerce la seguridad en la región y, especialmente, identifique a los autores intelectuales de los hechos violentos en Tuluá. También destacó que varios episodios violentos podrían haberse originado desde las prisiones, desencadenando una crisis carcelaria y provocando un paro por parte del INPEC.

Paola Martínez Burgos