Dian celebra decisión de establecer condenas para evasores

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) celebró la declaración de inexequibilidad del artículo que prohibía deducir regalías a petroleras y que obligó a reorganizar el presupuesto para 2024. La Corte Constitucional le dio un espaldarazo a los artículos 69 y 70 de la misma.

Así lo dio a conocer el director general de la DIAN, Luis Carlos Reyes, a través de su cuenta de X: “Buenas noticias: Habrá cárcel por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES los artículos que fortalecen los tipos penales de la Ley 2277 de 2022. Se logrará evitar el daño que los evasores le causan al recaudo tributario.”, escribió el funcionario.

Según la normativa, quienes oculten bienes por más de $1.000 millones o evadan impuestos por más de $100 millones por tercera vez enfrentarán penas de 4 a 9 años de cárcel. En las dos primeras ocasiones, no se privará de la libertad a aquellos que regularicen su situación, pero en una tercera reincidencia, se aplicará una respuesta penal.

El director de la entidad explicó que, si bien no se busca llenar las cárceles de deudores, sí pretende que los ciudadanos tomen en serio la prohibición de apropiarse de recursos públicos.

El proceso penal se iniciará contra personas jurídicas que adeuden más de $25 millones por omisión de agente retenedor, abarcando IVA, impoconsumo (impuesto al consumo el cual deben tributar los establecimientos, no el consumidor) y retención en la fuente.

Esta medida, clave en la reforma, busca combatir la evasión y fortalecer las medidas contra los evasores, respaldada por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien enfatizó en la penalización progresiva: el primero paga, el segundo paga con multa adicional y el tercero enfrenta la cárcel.

El senador conservador Efraín Cepeda detalló el proceso de sanción penal, donde la pena se extingue pagando en la primera ocasión, se reduce un 50% en la segunda evasión y no se extingue en la tercera.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Política Criminal, integrado por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y Personería.

Según cifras de la entidad, aproximadamente 321,000 contribuyentes morosos en todo el país adeudan más de $14 billones al Estado, siendo los mayores retrasos en pagos evidentes en IVA, impoconsumo y retención en la fuente.

 Paola Martínez Burgos